El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Alejandro Linares, anunció que este miércoles se llevó a cabo el primer debate de la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, quien decidirá sobre la competencia de los bienes de las Farc.
La discusión sobre la tenencia de los bienes se dio luego de la negativa que reportó en su momento la Sección de Primera Instancia para casos de Ausencia, Reconocimiento y Verdad de la JEP, por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Notariado y Registro, a quienes se les solicitó información de los mismos.
En su momento, el ente acusador rechazó tal solicitud y afirmó que los bienes de las extintas Farc deben estar en su poder, debido al proceso de extinción de dominio que se debe realizar sobre ellos.
Con estos bienes la Fiscalía busca reparar integralmente a las víctimas del conflicto armado.
Luego de que se registraron las negativas, el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, por medio de una misiva de 20 páginas, le solicitó a la Corte Constitucional definir la competencia.
Dos meses más tarde, el jefe del ente acusador hizo llegar a la JEP un informe, que dejó en evidencia que tenía conocimiento de todos los bienes no inventariados del grupo guerrillero, por lo que la justicia transicional envió a la Corte Constitucional una misiva de ocho páginas, dónde anunciaba que el ente tenía la capacidad de entregar dicha información y que por ello la tenencia de los bienes deben ser de la JEP.
Se espera que durante las próximas salas plenas, los magistrados determinen si acogen o no la ponencia que daría la viabilidad alguna de las dos entidades.
Escuchan críticas
La Corte Constitucional instaló ayer el 'Encuentro Constitucional', un evento en el que, según explicó Linares, se busca escuchar críticas de todos los sectores para fortalecer la corporación de justicia.
Al evento, que está programado para este jueves y viernes en el Centro de Convenciones Ágora, asistieron la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez; el contralor, Carlos Fernando Córdoba, y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.
