Desde el Congreso de la República se cuestionó ayer la designación del general Leonardo Barrero como el director del Programa de Atención Oportuna, PAO, con el cual el Gobierno nacional protegerá a los líderes sociales que están siendo amenazados. Críticas que fueron rechazadas por el Ejecutivo desde donde se defendió el nombramiento.
A Barrero, quien fue comandante de las Fuerzas Militares en el gobierno anterior, se le investiga dentro de un proceso por supuesta obstrucción de investigaciones penales contra hombres del Ejército comprometidos en presuntos falsos positivos.
Ayer en una rueda de prensa que adelantaron congresistas de izquierda con líderes sociales, ese fue el tema central de discusión. Al respecto, el senador de la Alianza Verde Antonio Sanguino sostuvo que eso es 'mandar un pirómano a apagar un incendio. No se puede mandar a un exmilitar comprometido seriamente en hechos de violación de derechos humanos y en la obstrucción a la justicia en este cargo'.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, sostuvo que 'contratamos al general Barrero porque consideramos que es una persona que conoce el territorio, las comunidades.
