La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, emitió un comunicado contestando los reparos del fiscal Néstor Humberto Martínez a la ley estatutaria del sistema de justicia transicional.
El mecanismo acordado en la mesa de paz de La Habana, primero, reitera la necesidad de que el presidente Iván Duque sancione la norma: 'Teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica que se impone en el Estado de Derecho para los 9.691 ex miembros de las Farc, 1.958 miembros de la fuerza pública y 39 agentes del Estado diferentes a la fuerza pública hasta ahora sometidos a la JEP, es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley, solicitud que de manera respetuosa elevó la Presidencia de la Jurisdicción al señor presidente de la república el pasado 4 de febrero de 2019'.
Acto seguido, la JEP recuerda que el máximo tribunal defensor de la Carta Política le dio el visto bueno a la ley estatutaria: 'Sobre el particular la Corte Constitucional, de manera inequívoca y perentoria, en su sentencia C-80 de 2018, remitió el proyecto de Ley Estatutaria al presidente del Congreso para que el texto 'se firme por los presidentes de ambas cámaras y se remita al Presidente de la República para su sanción y promulgación''.
Lo anterior, en respuesta a los cuestionamientos a la norma que el fiscal le puso de presente en una carta de nueve páginas al presidente de la República.
El primero de los cuatro reparos que hace Martínez se basa en que los delitos de ejecución permanente, según el fiscal, seguirán sometidos a investigación de la JEP y eso permitiría que los desmovilizados no pierdan sus beneficios a pesar de que continúen cometiendo delitos como el narcotráfico.
El segundo tiene que ver con que, de acuerdo con el fiscal, la norma establece que la reincidencia se refiere solo a que los desmovilizados tomen de nuevo las armas y no que delincan. Eso, según Martínez, permite a los reinsertados que reincidan en delitos como secuestro y narcotráfico continuar con beneficios.
El tercero plantea que la norma también impide, según el fiscal, que la entidad a su cargo continúe adelantando investigaciones relacionados con el conflicto armado, mientras la JEP asuma el proceso.
Por último, Martínez afirma que el texto aprobado por la Corte Constitucional permitiría que se le otorgara amnistía a los autores de crímenes de guerra.
'La Fiscalía considera que el debate a juicio de conveniencia de la Ley Estatutaria es necesario e imprescindible', se lee en la misiva del titular del ente acusador.La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, emitió un comunicado contestando los reparos del fiscal Néstor Humberto Martínez a la ley estatutaria del sistema de justicia transicional.
El mecanismo acordado en la mesa de paz de La Habana, primero, reitera la necesidad de que el presidente Iván Duque sancione la norma: 'Teniendo en cuenta los derechos de las víctimas y la garantía de seguridad jurídica que se impone en el Estado de Derecho para los 9.691 ex miembros de las Farc, 1.958 miembros de la fuerza pública y 39 agentes del Estado diferentes a la fuerza pública hasta ahora sometidos a la JEP, es indispensable que se sancione con carácter prioritario dicha ley, solicitud que de manera respetuosa elevó la Presidencia de la Jurisdicción al señor presidente de la república el pasado 4 de febrero de 2019'.
Acto seguido, la JEP recuerda que el máximo tribunal defensor de la Carta Política le dio el visto bueno a la ley estatutaria: 'Sobre el particular la Corte Constitucional, de manera inequívoca y perentoria, en su sentencia C-80 de 2018, remitió el proyecto de Ley Estatutaria al presidente del Congreso para que el texto 'se firme por los presidentes de ambas cámaras y se remita al Presidente de la República para su sanción y promulgación''.
Lo anterior, en respuesta a los cuestionamientos a la norma que el fiscal le puso de presente en una carta de nueve páginas al presidente de la República.
El primero de los cuatro reparos que hace Martínez se basa en que los delitos de ejecución permanente, según el fiscal, seguirán sometidos a investigación de la JEP y eso permitiría que los desmovilizados no pierdan sus beneficios a pesar de que continúen cometiendo delitos como el narcotráfico.
El segundo tiene que ver con que, de acuerdo con el fiscal, la norma establece que la reincidencia se refiere solo a que los desmovilizados tomen de nuevo las armas y no que delincan. Eso, según Martínez, permite a los reinsertados que reincidan en delitos como secuestro y narcotráfico continuar con beneficios.
El tercero plantea que la norma también impide, según el fiscal, que la entidad a su cargo continúe adelantando investigaciones relacionados con el conflicto armado, mientras la JEP asuma el proceso.
Por último, Martínez afirma que el texto aprobado por la Corte Constitucional permitiría que se le otorgara amnistía a los autores de crímenes de guerra.
'La Fiscalía considera que el debate a juicio de conveniencia de la Ley Estatutaria es necesario e imprescindible', se lee en la misiva del titular del ente acusador.
