El fiscal Néstor Humberto Martínez denunció una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación para el desarrollo del proyecto de Hidroituango el cual, en palabras del jefe del ente acusador, 'se hizo a dedo'. Por esta razón se les imputarán cargos a Luis Guillermo Gómez, exgerente de Hidroituango, y Luis Javier Vélez, director del proyecto.
De acuerdo con Martínez Neira, a los exfuncionarios les endilgarán los cargos por interés indebido en la celebración de contratos y celebración sin el cumplimiento de requisitos legales. Esto en razón a una de las cinco líneas de investigación que abrió la Fiscalía sobre las irregularidades en las que se ha desarrollado la megaobra.
Detalles de la investigación. 'Sobre la contratación de la hidroeléctrica, que constituye la primera línea de investigación, hay una serie de anomalías tanto en la fase precontractual como en la contractual', precisó el fiscal sobre lo que denominó 'el pecado original de Hidroituango'.
La investigación que derivó en el anuncio de imputación de cargos se remonta a 2009 cuando la junta directiva de la Hidroeléctrica toma la decisión de tercerizar el proyecto, es decir, buscar un socio estratégico extranjero para que apoyara la construcción del proyecto energético.
El objetivo era hallar una firma que tuviera la experiencia en obras de esta envergadura, con el conocimiento tecnológico y que tuviera el músculo financiero para llevarlo a cabo.
A la convocatoria mundial acudieron las firmas China Three Georges Corporation, Consorcio Kepco, Centrais Eletricas Brasileiras S.A. (Electrobrás), Constructora Norberto Odebrecht S.A., Construcoes E Comercio Camargo Correa S.A. Constructora Andrade Gutiérrez S.A. y la misma EPM.
'Convocan a una licitación pública internacional y a la que concurren unos proponentes internacionales y se hace una preselección. El 9 de junio de 2010 se decidió suspender el proceso de oferta pública y el 18 de septiembre se llega a un acuerdo entre Hidroituango y EPM para que esta firma sea el desarrollador del proyecto', precisó Martínez.
La investigación estableció que el 27 de ese año, Hidroituango fue objeto de una división y se gestó la creación de una firma denominada EPM Ituango. Para marzo del año siguiente entre las dos firmas, Hidroituango y EPM Ituango, se suscribió un contrato para la construcción, operación de propiedad, de mantenimiento y posterior transferencia del proyecto.
El fiscal Martínez llamó la atención porque para la época de los hechos, la firma EPM tenía bajos indicadores económicos en comparación con las demás empresas que se presentaron a la licitación. Por ejemplo, la firma china tenía un patrimonio de 25.000 millones de dólares y el consorcio coreano cuyo balance daba cuenta de tener en sus arcas 35.000 millones de dólares.
'Desde el punto de vista tecnológico y económico, las más bajas propuestas en la precalificación era la de EPM', agregó.
Se espera que las diligencias judiciales se desarrollen en marzo, de acuerdo a la programación de las audiencias en los juzgados de Medellín.
Daño ambiental
La Fiscalía también adelanta una investigación penal por el daño ambiental, que tiene como eje la afectación a los recursos naturales relacionada con la indebida gestión de los recursos sólidos, a la desestimación de riesgos y a las modificaciones sin contar con las licencias.
