En un comunicado de tres páginas, emitido este lunes, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al referirse a los reparos que formuló en días pasados contra la ley estatutaria de la JEP, que el presidente Iván Duque acogió para objetar el proyecto, aseveró que 'la institucionalidad de la República no puede estar en entredicho cuando los poderes actúan en el marco de sus competencias'.
Respaldó de esta manera el jefe del ente acusador los cuestionamientos del Gobierno y reiteró que 'es un pésimo mensaje para el país que los desmovilizados puedan mantener el régimen de beneficios de la justicia transicional, si continúan con cultivos de coca después de la firma de los acuerdos y que los reinsertados puedan reincidir en el secuestro, el narcotráfico, el homicidio y la extorsión, manteniendo beneficios de la JEP, así sea con gradualidad'.
De igual forma, y descartando así de tajo comulgar con las críticas que se han hecho a los cuestionamientos al articulado, en el sentido de que desconocerían la autonomía de los poderes públicos, puso de presente que con ocasión del trámite de objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la JEP, 'la Fiscalía ha hecho de conocimiento público sus preocupaciones y reservas sobre el texto final, con profundo respeto por las decisiones de la Corte Constitucional'.
Explicó Martínez que, en sus consideraciones, 'Colombia tiene que darse el derecho a contestar sosegadamente, por los canales que determina el orden constitucional, si son convenientes para la paz y para la política criminal del país, los siguientes asuntos'.
Y paso seguido formula una serie de preguntas, algunas de las cuales ya había planteado de manera similar en los reparos que hiciera a la ley estatutaria.
'¿Es conveniente que la reparación de las víctimas del conflicto armado quede a cargo exclusivamente del Estado y se excluya a los victimarios de este deber de reparación, manteniendo intangible su patrimonio ilícito? ¿Es conveniente que el gobierno no pueda excluir de las listas de desmovilizados a personas a quienes se les compruebe que son narcotraficantes reconocidos, ajenos a los movimientos reinsertados, para que gocen de los beneficios de la JEP? ¿Es conveniente que mientras arranca la JEP, la Fiscalía deba suspender las diligencias judiciales para recabar pruebas frente a los graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad?', se lee.
Y se pregunta de igual forma el fiscal: '¿Es conveniente que las bases de la guerrilla que cometieron delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra se beneficien de impunidad y queden expuestos mañana a ser llamados a rendir cuentas por la justicia internacional? ¿No será mejor ofrecerles una solución en la justicia de transición?'.
Y concluye con dos cuestionamientos relacionados con los trámites de extradición en la JEP: '¿Es conveniente que las pruebas que pueden decretarse en el marco de la instancia de la garantía de no extradición para los reinsertados, se extiendan a cualquier asunto y pongan en aprietos la cooperación judicial internacional en la que Colombia es jugador de primera línea? ¿Es conveniente que terceros distintos a rebeldes y agentes del Estado puedan invocar la garantía de no extradición, apelando a la argucia de que están contribuyendo con la verdad del proceso de paz, a la que pueden servir desde jurisdicciones extranjeras mediante la tecnología moderna?'.
