Al Centro de Estudios de la Policía Cespo, en el occidente de Bogotá, fue trasladado el exsenador Antonio Guerra de la Espriella, detenido dentro del proceso que se lleva a cabo por el escándalo de millonarios sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht.
En principio se iba a escoger la cárcel La Picota como su lugar de reclusión, sin embargo, en este penal hay otros excongresistas como Bernardo Elías, más conocido como ‘el Ñoño’ y quien sería un testigo en su contra.
La defensa de Guerra de la Espriella le explicó al alto tribunal esta situación y por tanto se decidió que era mejor trasladarlo a este centro especial de la Policía.
Al exlegislador se le sindica de ser el presunto autor de los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado, cohecho y tráfico de influencias.
Según la investigación que adelanta la Sala Especial de Instrucción de la Corte, 'las pruebas recaudadas hasta ahora comprometen al excongresista con los sobornos pagados en el país por la multinacional Odebrecht, para obtener ventajas y favorecimiento en la adjudicación de contratos de infraestructura'.
Vinculación
Los hechos que involucran la posible participación del exsenador Guerra de la Espriella habrían ocurrido en 2012, en el contrato de estabilidad jurídica y los proyectos Ruta del Sol II y Navelena a favor de Odebrecht.
Las autoridades han señalado al excongresista por, supuestamente, haber buscado recursos con los cuales se financió el tramo Ocaña-Gamarra, en el otro si de la Ruta del Sol, tramo 2.
También de un supuesto lobby que habría hecho Guerra de la Espriella ante la Superintendencia Financiera, para beneficiar a la multinacional brasileña.
Sin embargo, el plato fuerte de la vinculación tiene que ver con el denominado grupo de los buldóceres, conformado por varios congresistas que habrían adelantado gestiones para beneficiar a la empresa constructora.
Otros de los legisladores que harían parte de este grupo son Bernardo Elías, Plinio Olano, Musa Besaile y Ciro Rodríguez.
Estos nombre salieron a relucir en 2017 cuando el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que adelantar una investigación sobre el tema.
En su momento, el ente investigador indicó que por estas gestiones, los legisladores habrían recibido una coima de $US2 millones.
Pese a que en principio se dijo que los sobornos que habría pagado la multinacional brasileña por esos contratos en el país superaban los US$11,5 millones, la Fiscalía manifestó que esta cifra podría superar los US$40 millones.
