La Contraloría General de la Nación denunció que la multinacional Glencore busca evadir las consecuencias fiscales, tras un fallo que la obliga a pagar más de $60.000 millones, por un daño al patrimonio de la Nación.
La Contraloría señaló que los responsables fiscales 'han buscado ampararse en los mismos para evadir las decisiones de los órganos del control fiscal', así como en desconocer el ordenamiento jurídico de Colombia 'en la materia, e introducir al Estado colombiano en acciones de carácter internacional, que no deberían caber en este tipo de asuntos'.
La Contraloría informó que 'en próximo días en el seno del CIADI, institución del Banco Mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, se proferirá una importante decisión en el caso Prodeco- Glencore'.
Recordó que esta compañía demandó, no sólo ante dicho Tribunal Internacional, sino también en la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia (Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca), un fallo de responsabilidad fiscal por el detrimento al patrimonio público, causado por la minera y otros servidores públicos que lesionaron los intereses patrimoniales del Estado colombiano.
'Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca cursa una acción de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por Prodeco, por el fallo de responsabilidad fiscal', indicó la Contraloría.
Para el órgano de control, el daño patrimonial se produjo al modificar un contrato de gran minería con el cual se disminuyeron las regalías y otras contraprestaciones económicas que venía recibiendo el Estado colombiano, recursos públicos con los cuales se atienden las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables del país.
'La Contraloría General de la República considera el tema de la mayor importancia, por las implicaciones no sólo económicas, jurídicas y de soberanía del Estado colombiano, y de sus instituciones que no pueden ver soslayadas sus facultades constitucionales y legales a propósito de posibles demandas internacionales', apuntó.
El fallo
Mediante auto del 21 de agosto de 2015, el Despacho del Contralor General de la República confirmó la existencia de un daño patrimonial, de $60.023 millones de pesos, 'causado a los intereses patrimoniales del Estado y la declaratoria de responsabilidad fiscal de contra C.I. Prodeco S.A. y otros involucrados (Prodeco es propiedad de la multinacional Glencore)'.
Expresó que el fallo, con responsabilidad fiscal, se originó en el detrimento patrimonial que le representó al Estado el ajuste que se hizo, 'mediante el otrosí No. 8 del 28 de enero de 2010, al Contrato de Gran Minería 044 de 1989 suscrito por Ingeominas con C.I. Prodeco'.
Como consecuencia de ese otrosí, explicó la Contraloría, el Estado dejó de recibir regalías y contraprestaciones económicas 'en una cifra de pesos equivalente a la de la condena', por la explotación de la mina de carbón Calenturitas, en el departamento del Cesar.
