Una decisión del Consejo de Estado anuló un decreto del Ministerio de Transporte y dejó sin piso más de 170.000 millones de pesos en multas para las empresas de transporte de carga.
En su concepto, solo el Congreso de la República puede crear sanciones en materia de transporte y por lo tanto no se pueden establecer por decreto.
Asimismo, señaló que la Superintendencia de Transporte puede revocar de manera directa estas sanciones económicas, ya que son inconstitucionales.
Son en total 60.000 las multas que va a revisar la Supertransporte y que fueron impuestas a estas empresas del sector de carga.
Según el Consejo de Estado, 'la operación del transporte público en el país, es un servicio público y está bajo La regulación del estado que deberá ejercer el control la vigilancia necesarios para su adecuada prestación'.
