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Esta semana la Fiscalía General de la Nación decidió elevar a la categoría de delito de lesa humanidad el intento de asesinato contra el exministro de Justicia, Enrique Parejo González.

Un episodio que ocurrió el 13 de enero de 1987, cuando Parejo González oficiaba como embajador de Colombia en Hungría.

En una fría mañana de ese mes, un sicario le disparó a quemarropa al embajador Parejo, dejándolo herido de muerte.

Tres balas se incrustaron en su cabeza y en uno de sus antebrazos. Parejo González fue atendido por médicos de Budapest y luego de un largo proceso de recuperación, continuó con su vida.

Este atentado hace parte de una larga lista de hechos que en su momento el Cartel de Medellín, a cargo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, ordenó para presionar al gobierno de turno para que desistiera de utilizar la herramienta jurídica de la extradición contra esta y otras organizaciones criminales.

Cuarenta y dos años después de ocurrido el hecho, el ente investigador decidió elevar a esta categoría el ataque contra Parejo González, con el fin de que el proceso no ‘duerma el sueño de los justos’.

Es decir, en palabras del exfiscal General de la Nación Mario Iguarán, 'evitar que con ello el proceso prescriba'.

Son más de 40 los casos que han sido elevados a la categoría de delitos de lesa humanidad, en el país.

El primero de ellos, el atentado con bomba al avión de Avianca, perpetrado el lunes 27 de noviembre de 1989, fue elevado a delito de lesa humanidad en el año 2009.

Un hecho terrorista que dejó más de 100 personas muertas, entre ellos seis tripulantes de la aeronave, 101 pasajeros y 3 civiles que fallecieron en tierra, cuando la aeronave, o los restos de ella, cayeron en zona rural de Soacha.

El abogado defensor de Derechos Humanos, Federico Arellano, hijo del tenor Gerardo Arellano, una de las víctimas de este atentado con bomba, recordó que en 2009 lideró este proceso para buscar que el caso no terminara en la impunidad.

'En 2009 logramos elevar al rango de lesa humanidad 21 delitos del Cartel de Medellín. Con la decisión de esta semana, también se adoptó una medida muy importante que fue el desglose de sacar de esa lista de delitos el asesinato de los hermanos Moncada Galeano, socios de Pablo Escobar, que no se puede concebir como un crimen de lesa humanidad porque era un ajuste de cuentas entre capos', explica el jurista.

Señaló que es imperativo que la justicia continúe elevando a delitos de lesa humanidad otros hechos ocurridos, no solamente en la época del narcoterrorismo, sino también en otros episodios, como por ejemplo el conflicto armado, ya que hay muchos hechos perpetrados por las guerrillas y por los grupos paramilitares que siguen en la impunidad.

'Por reunir los requisitos en materia internacional y derecho interno que básicamente es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil pero siguiendo un fin político o ideológico', aclara Arellano.

El jurista también fue uno de los artífices de que la Fiscalía decidiera elevar al rango de lesa humanidad, el atentado contra el embajador Parejo González.

Advertencia

Sin embargo, para el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez, la figura jurídica delito de lesa humanidad por sí sola no es garantía de que estos crímenes no caigan en la impunidad.

Para el también exprocurador, se necesitan nuevas pruebas y más investigación, para que luego de desarchivar los procesos lleguen a buen puerto.

'Esta figura sería importante, sólo en la medida en que esta declaratoria sirva para avanzar en la investigación, cosa en la cual tengo ciertas dudas, dado el tiempo transcurrido, porque en el caso específico del embajador Parejo González, este crimen sucedió en enero de 1987, de manera que pensaría uno que si durante estos largos años no se ha podido avanzar en la investigación, es muy difícil que ahora surjan nuevas pruebas', argumenta Gómez Méndez.

No obstante, para el exfiscal Iguarán, la medida es una luz de esperanza para que en estos casos emblemáticos la justicia continúe investigando.

'El propósito es que no prescriba el ejercicio de la acción penal, porque la acción penal por la comisión de un delito tiene una prescripción, pero cuando se califica ese hecho como delito de lesa humanidad, ellos son imprescriptibles', señala el ex fiscal.

Según el Estatuto de Roma, pueden ser tipificados como delitos de lesa humanidad, conductas como el asesinato, el exterminio, el secuestro, el traslado forzoso de población, la tortura, la violación la esclavitud sexual, entre otros.

Sin embargo, uno de los casos emblemáticos, el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ha estado en medio de un pulso jurídico ya que, en septiembre del año 2016, la Fiscalía decidió declararlo como crimen de lesa humanidad.

Sin embargo, en agosto del año pasado, un juez le quitó esta categoría. El comunicador fue víctima de sicarios que le dispararon mientras se dirigía a las instalaciones de Radionet, en agosto de 1999.

Algunos de los casos de mayor impacto

Entre los casos emblemáticos que fueron elevados a delitos de lesa humanidad sobresale el magnicidio contra el excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, perpetrado por el Cartel de Medellín el 18 de agosto de 1989, en la Plaza Central del municipio de Soacha, Cundinamarca.

El 12 de julio del 2016 el Consejo de Estado estableció que este crimen era un delito de lesa humanidad, razón por la cual su caso no puede prescribir.

Otro de los casos derivados del narcoterrorismo de la década de los 80 tiene que ver con el asesinato del procurador Carlos Mauro Hoyos. Su crimen fue elevado a esta categoría junto con las víctimas del avión de Avianca, en 2009.

Hoyos fue asesinado por orden del narcotraficante Pablo Escobar, luego de haber sido secuestrado por el Cartel de Medellín, el 25 de enero de 1988.

La justicia también decidió elevar a la categoría de delito de lesa humanidad, el asesinato del director del diario El Espectador Guillermo Cano, en julio de 2010.

Cano Isaza fue asesinado por sicarios la noche del 17 de diciembre de 1986 cuando se movilizaba en su vehículo por la Avenida 68, en el occidente de Bogotá.

El asesinato del líder de izquierda Jaime Pardo Leal, dirigente del partido Unión Patriótica, fue elevado a crimen de lesa humanidad en el año 2014. Su asesinato fue perpetrado por el Cartel de Medellín, el 11 de octubre de 1987, en pleno exterminio de esta colectividad y fue comisionado en aquel entonces por el narcotraficante José Gonzalo Rodríguez Gacha.

Un hecho más reciente, el magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, fue elevado a crimen de lesa humanidad en diciembre del año 2017. El asesinato de Gómez Hurtado tuvo lugar a las afueras de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, en noviembre de 1995.

Asimismo, el secuestro y abuso sexual del que fue víctima la periodista Jineth Bedoya, fue declarado como delito de lesa humanidad por la Fiscalía en septiembre del año 2012. Bedoya fue atacada y abusada por integrantes de grupos paramilitares en la cárcel La Modelo de Bogotá, el 25 de mayo del año 2000.