No cesan los líos del comandante del Ejército, el general Nicacio Martínez Espinel.
A las pesquisas por el escándalo internacional de los ‘falsos positivos’ se suma ahora una más por un supuesto desvío de fondos de la fuerza castrense.
Se trata de una indagación previa abierta en la Fiscalía General de la Nación por la supuesta comisión del delito de peculado por apropiación.
El expediente lo lleva la Fiscalía 8 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y se abrió luego de que un juez penal de Medellín, hace un par de meses, compulsara copias contra altos mandos del Ejército.
La compulsa, que incluye recibos, consignaciones y números de cuentas, es por un supuesto desvío de fondos que pagan empresas y consorcios mineros para que la entidad militar les preste el servicio de seguridad al momento de transportar explosivos para las actividades en los socavones.
El nombre de Martínez será puesto a consideración la semana entrante en la plenaria del Senado, corporación que deberá decidir si avala su ascenso de mayor general a general de cuatro soles.
Sin embargo, las pesquisas en su contra lo alejan cada vez más de la posibilidad de llegar al máximo grado castrense del Ejército.
Hace un par de semanas, el prestigioso diario estadounidense ‘The New York Times’ aseguró, citando testimonios de militares colombianos, que una directriz aprobada por él y que pide incrementar los resultados operaciones, incluyendo bajas, podría traer de vuelta las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’.
Por esta publicación, el Ejército anunció que modificaría la directriz 'Planteamiento de Objetivos 2019', cuyas instrucciones sobre proyectar el aumento de bajas en las operaciones militares, según el ‘Times’, podrían constituirse en un incentivo para la comisión de asesinatos de civiles.
Además, la agencia de prensa internacional ‘Associated Press’, señaló a Martínez Espinel de haber hecho pagos a supuestas fuentes informantes que serían en realidad uniformados procesados por las ejecuciones extrajudiciales. Estos hechos se habrían perpetrado en 2005, cuando el hoy comandante del Ejército era el segundo al mando de la Décima Brigada Blindada, que operaba en Cesar y La Guajira.
Y el procurador Fernando Carrillo anunció la apertura de oficio de una investigación preliminar en su contra, en cuyo auto de apertura se lee: '(…) Los oficiales afirmaron que poco después de emitidas las órdenes comenzaron a identificar asesinatos y arrestos sospechosos, mencionando la muerte, el 25 de febrero, de un miembro del grupo paramilitar denominado ‘Clan del Golfo’, así como el deceso del excombatiente Dimar Torres, acaecida el 22 de abril pasado'.
