La barranquillera Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, auxiliar judicial víctima del holocausto del Palacio de Justicia, dejaría de ser una del centenar de víctimas fallecidas entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985 y se constituiría en la novena desaparecida en la toma y retoma.
Todo por cuenta de que ni la Fiscalía ni Medicina Legal han podido confirmar que los restos enterrados hace tres décadas en el Cementerio Jardines del Recuerdo, a las afueras de la capital atlanticense, sean los de la asistente del magistrado momposino Dante Fiorillo, de la Corte Suprema de Justicia –togado que no estaba en el Palacio al momento de la incursión del M-19 pero quien murió de un infarto al enterarse de lo sucedido-.
Por lo anterior, la hija y el esposo de la víctima barranquillera interpusieron una demanda de reparación directa por más de $1.800 millones contra la Nación y el Ministerio de Defensa, y el pasado 20 de marzo el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá la admitió.
EL HERALDO conoció la demanda, el auto admisorio del despacho y los informes del ente de investigación penal y del instituto forense, en los que aceptan que no han podido corroborar la identidad de los restos enterrados hace 30 años y exhumados en 2016 tras la orden en este sentido de la Cidh, ente que en 2014 ordenó al Estado exhumar todos los cuerpos de las víctimas del holocausto con el fin de establecer plenamente sus identidades para tratar de encontrar a los desaparecidos del Palacio.
Los informes forenses
En la demanda, de 26 páginas, se advierte que 'como consecuencia de la falla o falta del servicio de la Nación-Ministerio de Defensa, se produjo el lamentable fallecimiento' de la víctima barranquillera y el del centenar de muertos de la toma del M-19 y la retoma de la fuerza pública.
Agrega el representante de los familiares de Gutiérrez de Piñeres que 'los perjuicios inmateriales, morales, fisiológicos, a la vida de relación causados a mis poderdantes, continúan como consecuencia de la diligencia de exhumación de su supuesto cadáver llevada a cabo el 18 de febrero de 2016'.
La exhumación, pone de presente el documento, 'obedeció a los errores e irregularidades en el levantamiento de los cadáveres de las personas fallecidas durante el holocausto', lo cual fue reconocido por el propio Estado y por la Cidh en sentencia del 14 de noviembre de 2014.
Cita además que ante los derechos de petición elevados por las víctimas un año después de la exhumación, buscando saber si los cuerpos sí eran los de la barranquillera, el fiscal 1 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge Díaz, respondió el 23 de agosto de 2017, explicando que 'el estudio de los restos óseos exhumados no solo incluye una prueba de ADN, sino que a su vez, de acuerdo con los protocolos internos de trabajo del Instituto de Medicina Legal, es preciso realizar los siguientes informes periciales: necropsia, identificación, odontología forense, evidencia traza, antropología forense y, en caso de encontrar rastros de proyectiles, un análisis de balística forense'.
A su vez, el coordinador del Grupo Nacional de Patología Forense de Medicina Legal, Jairo Vivas, contestó a los familiares el 29 de agosto de 2017, admitiendo que 'hasta el momento no ha sido posible obtener perfil genético de ninguna de las muestras' y que 'no ha sido posible verificar la identidad del cuerpo exhumado como perteneciente al de la señora (…). Ni se ha encontrado otro cuerpo con esa identidad'.
Las dudas después de 30 años
Giovanna Soto, hija de Nury y del esposo viudo de la víctima, Neil Soto, le contó a EL HERALDO sobre la tristeza que atraviesa la familia desde hace tres décadas y a la que ahora se le suma, desde hace tres años, la incertidumbre.
'En su momento nos entregaron los restos el 8 de noviembre de 1985 y un funcionario nos dijo que los había encontrado en el cuarto piso, en la oficina en donde ella laboraba, y se confiaron en eso, pero no nos dijeron nunca en qué estado se encontraba ni nada', recordó.
'Cuando mataron a mi mamá yo tenía 9 años, soy hija única, me trataron de mantener al margen, no veía televisión, no escuchaba radio, pero igual uno llegar a su casa y ver que no llega tu mama a uno le genera muchas preguntas. Me enteré de que mi mamá falleció ese viernes que me llevaron a la Funeraria Gaviria. Ahí hubo mucho llanto, mucha impotencia, porque mamá es mamá y ella era todo para mí', narró la hija.
Treinta años después, el 5 de febrero de 2016 llamaron a Giovanna de la Fiscalía y le dijeron que tenían dudas con el cadáver de su madre, porque el levantamiento tenía dos reportes que no coincidían, y que por ello iban a practicar las muestras de ADN. Les tomaron pruebas de ADN a la madre y a la hija de la víctima, los restos fueron exhumados en Barranquilla, y les dijeron que el proceso se demoraba de tres a seis meses.
'Pero llevamos tres años y medio esperando los resultados y lo que dicen es que ha sido difícil extraer el ADN porque la humedad de Barranquilla no lo permitió, ya han hecho varias muestras y Medicina Legal trajo una nueva máquina que es lo mejor en tecnología y están en el último muestreo, y si no arroja nada, esos restos serían como el tercer cuerpo del Palacio que están como NN', indicó.
Por su parte, William Flórez Noriega, representante de las víctimas en la demanda, le dijo a este diario que es inaudito que 'después de tantos años, en los cuales a la señora Nury y a los familiares les entregaron un tronco sin cabeza, sin miembros superiores ni inferiores, a los cuales les hicieron misa y velaron, e iban todos los 2 de noviembre al cementerio a hacerle un homenaje, ahora resulta que la señora está desaparecida. Todos creyeron que esos eran los despojos y de acuerdo con la Cidh se está frente a un caso de lesa humanidad en el cual no existe la figura jurídica de la caducidad'.
Agregó el abogado que aunque a la familia le dijeron 'que han llegado mecanismos nuevos más modernos, por mi experiencia he llegado a la conclusión que ella está desaparecida'.
La semana del desaparecido
Esta semana que pasó el Centro Nacional de Memoria Histórica, Cnmh, invitó a Giovanna, la hija de Nury, a un homenaje en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, en la que se reportó que entre 1958 y 2018 se registraron 80.472 víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado colombiano.
Según el Observatorio de Memoria y Conflicto, OMC, del Centro de Memoria, fueron los grupos paramilitares y los perpetradores de origen desconocido los principales responsables de este delito de lesa humanidad.
'En el marco de la pluralidad de víctimas y las memorias de un hecho victimizante que no ha diferenciado ubicación geográfica, nivel profesional o postura política en su accionar, el Estado decretó la ley 1408 de 2010, la cual en el artículo 14 reglamenta la conmemoración de la Semana de los Detenidos – Desaparecidos, la última del mes de mayo, y el 30 de Agosto, Día Internacional de los Desaparecidos, como una forma de rendir homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada', indicó el Cnmh.
Hace dos décadas se contaban 11 personas como desaparecidas del Palacio, pero en 2000 fue hallado el cadáver de Ana Rosa Castiblanco; en 2015 los de Cristina del Pilar Guarín Cortés, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela; y en 2017 el de Emiro Sandoval. Por tanto, se tienen actualmente como desaparecidas a ocho personas: el barranquillero Julio César Andrade Andrade, Jorge Alberto Echeverry Correa, Carlos Augusto Rodríguez Vera, David Suspes Celis, Gloria Estela Lizarazo Figueroa, Norma Constanza Esguerra Forero, Gloria Anzola Mora de Lanao y la guerrillera Irma Franco Pineda.
Y la barranquillera Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa podría ser la novena desaparecida.
