Terminó esta semana su tránsito en el Congreso de la República el proyecto de ley de depuración normativa: es decir, una ley que elimina 10.667 leyes por inútiles y anacrónicas, y que elaboró el Ministerio de Justicia en colaboración con varios legisladores.
La idea, según la cartera del derecho, consiste en 'lograr una mayor concreción, claridad y efectividad de las normas que componen el ordenamiento jurídico, procurando fortalecer la seguridad jurídica, que permita a las autoridades y a los ciudadanos el cumplimiento cabal de sus funciones y el ejercicio de sus derechos'.
Lo que se hizo pues con estas leyes, que ahora esperan la sanción presidencial, fue sacarlas de circulación al establecer que perdieron la vigencia, que ya han cumplido su finalidad o plazo, que su objeto ha sido regulado posteriormente o que no han sido acogidas como legislación permanente.
Dosis personal
En medio de la polémica que aún persiste por el reciente fallo de la Corte Constitucional que tumba unos apartes del Código de Policía que prohibían el consumo de licor y de dosis mínima de drogas en el espacio público, por ir en contra del libre desarrollo de la personalidad, cabe destacar que una de las leyes a derogarse establecía cárcel de hasta dos años para quien llevara consigo o tuviera en su casa incluso la dosis mínima de sustancias ilegales.
Así lo definía la Ley 17 de 1973, 'por la cual se dictan normas que reprimen conductas relacionadas con drogas o sustancias que producen dependencia física o síquica'.
Esta norma, en su primer artículo, advertía: 'El que sin permiso de autoridad competente cultive o conserve planta de la que pueda extraerse marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica, incurrirá en presidio de dos a ocho años y en multa de mil a cien mil pesos'.
También había cárcel por llevar o tener drogas: 'El que sin permiso de autoridad competente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera o suministre a cualquier título, marihuana, cocaína, morfina, heroína o cualquiera otra droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica, incurrirá en presidio de tres a doce años y en multa de cinco mil a quinientos mil pesos'.
E, incluso, tratándose de la dosis personal: 'Si la cantidad de droga o sustancia que el sujeto lleva consigo corresponde a una dosis personal, se impondrá arresto de un mes a dos años y multa de doscientos a mil pesos'.
Y una norma más antigua, la Ley 36 de 1939, reglamentaba 'el comercio de las drogas que forman hábito pernicioso'.
Determinaba que solo el Gobierno Nacional 'podrá importar drogas que formen hábito pernicioso' y disponía que 'el producto que se obtenga de la venta en el país de estas drogas, pagando su costo', se destinaría 'para la represión del tráfico ilícito y asistencia de la toxicomanía'.
No obstante, se permitía que 'los laboratorios particulares podrán fabricar estupefacientes, siempre que se sometan a las disposiciones que para estos casos dicte el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social'.
Lo primero fue a través de una alianza con la Imprenta de Colombia, para la publicación, recopilación y organización de las leyes desde 1886, en el sistema que hoy funciona como Sistema Único de Información Normativa del Estado, Suin, y donde se pueden consultar no solamente las que se van a derogar, sino que se encuentra también un inventario de las leyes actuales.
Luego se construyó una metodología de depuración normativa, con la cual se realizó el proyecto piloto con ocho entidades públicas que identificaron en su sector respectivamente las leyes que no debían ser eliminadas. Y en 2017 se organizó y recopiló la información para, finalmente, en el 2018, presentar el proyecto de ley.
A la pregunta de si el Congreso expide muchas leyes, teniendo en cuenta estas 11 mil a eliminar, García Zuccardi respondió que 'el proyecto no da cuenta de hiperregulación pero sí destaca lo importante que es la labor de evaluar y actualizar leyes del pasado, y ese es un mensaje especial para quienes creen que un buen funcionario público es quien se queda mayor número de horas sentado en una silla o quienes creen que un congresista es mejor o peor de acuerdo a cuantas leyes presenta: la respuesta es un rotundo no'.
Concluyó el senador que espera que el articulado 'sea sancionado lo antes posible por el presidente' y puso de presente que el mismo proyecto deja 'un reto muy grande a nosotros como legisladores y es no solo modernizar lo que ya existe y hacer control político a su implementación, sino además crear leyes que respondan a las necesidades actuales pero que además sean vigentes en el tiempo'.
