El enviado especial para la Paz de la Unión Europea, Eamon Gilmore, llamó este lunes en Bogotá a detener los asesinatos de los que son víctimas defensores de derechos humanos y exguerrilleros de las FARC en Colombia, desde que se firmó la paz en 2016.
'El mayor reto que (...) Colombia enfrenta tiene que ver con la continuación de asesinatos perpetrados en contra de excombatientes (de la guerrilla), líderes sociales y defensores de derechos humanos', dijo Gilmore a medios, tras reunirse con el presidente Iván Duque y el fiscal general Fabio Espitia.
Gilmore expresó su preocupación por la persistencia de esos homicidios y enfatizó la necesidad de 'llevar a la justicia' a los responsables de los crímenes.
Con el fin de apoyar el esclarecimiento de los asesinatos selectivos, el alto funcionario europeo anunció la entrega de dos millones de euros (poco más de dos millones de dólares) a la fiscalía, para fortalecer su capacidad de investigación en las regiones más remotas de Colombia, donde se encuentra la mayoría de las víctimas.
'Se lo debemos a sus familias, al futuro del proceso de paz y a la consolidación de la democracia en esos territorios', agregó.
Por su lado, Patricia Linares, presidenta de la oficial Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) denunció la reducción de cerca de un tercio del presupuesto de inversión asignado al sistema creado en los acuerdos de paz para juzgar los crímenes del conflicto armado y reparar a las víctimas, que incluye una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de desaparecidos.
La disminución desde unos 28 millones de dólares presupuestados en 2019 a menos de 21 millones para 2020, 'implica un detenimiento muy drástico en el cumplimiento' de sus tareas, advirtió la presidenta de la JEP en una rueda de prensa.
El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), creado por la exguerrilla, ha denunciado con insistencia la falta de garantías de seguridad para sus integrantes tras la firma del pacto que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes bajo la supervisión de la ONU.
Según su propio conteo, ya son 135 los rebeldes que depusieron sus armas y fueron asesinados desde la firma de la paz en noviembre de 2016.
Además de los ataques a exguerrilleros, Colombia enfrenta una campaña de asesinatos selectivos de líderes comunitarios y/o activistas de derechos humanos, que deja 462 muertos desde el primero de enero de 2016, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman).
