Está servida la controversia frente al proyecto de reforma al modelo de control fiscal en el país que hace trámite en el Congreso de la República.
El contralor Carlos Felipe Córdoba defendió el proyecto de acto legislativo y dijo que peleará con argumentos para que esta iniciativa culmine exitosamente su trámite.
'Hay intereses de algunos sectores donde persiste el interés de que la Contraloría sea pequeña. No tenga capacidad de investigación y vigilancia. Y adicionalmente a eso no quieren ser vigilados y tienen grandes problemas con que sean gestores fiscales, y este contralor, que fue elegido, así no les guste, va a dar la pelea porque el país está esperando que no se pierdan los recursos de los colombianos. Este año solamente van a ser $260 billones', dijo el jefe del ente de control.
Agregó que el control previo nunca será igual al control preventivo, que la Controlaría no quiere coadministrar ni quiere un control vinculante en materia preventiva: 'Y lo que sí no queremos es seguir llegando en bicicleta cuando los bandidos van a velocidad de Lamborghini'.
El proyecto, recordó, fue construido por la Contraloría con los ocho sindicatos de la entidad, con el auditor general y con el control fiscal territorial.
'No queremos un control previo, como se hacía antes de la Constitución de 1991. Lo queremos es preventivo, como lo hace hoy la Procuraduría, y a esos que tanto dicen que somos asustadurías, les diría que somos más bien frustradurías, porque nos vemos frustrados todos los días cuando queremos evitar que se nos roben la plata de todos los colombianos y no podemos hacer nada porque el control es posterior y selectivo y tenemos que esperar a que roben para poderlo recuperar', dijo.
Por su parte, la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, criticó el hecho de que el proyecto le da facultades al presidente para reformar la entidad, 'pero no dice para qué, y ya en la ley del Plan Nacional de Desarrollo se aprobó el 'fortalecimiento' de la entidad. Esto se está convirtiendo en un incremento desproporcionado de cargos directivos, sobre todo en las regiones, y no en quienes sí tienen la competencia directa de realizar el control fiscal'.
Agregó la parlamentaria opositora que la propuesta pretende revivir el control previo y concomitante que fue eliminado por la Constitución del 91: 'Este tipo de control, por un lado, no garantiza mayor efectividad en el control, como muestra la experiencia previa a la promulgación de la Constitución; y, por otro lado, significaría la sustitución de la Constitución pues se rompería la división de poderes propia de nuestro modelo de Estado'.
En la Constituyente, citó Goebertus, se estableció que 'el control previo, generalizado en Colombia, ha sido funesto para la administración pública, pues ha desvirtuado el objetivo de la Contraloría al permitirle ejercer abusivamente una cierta coadministración, que ha redundado en un gran poder unipersonal del control y se ha prestado también, para una engorrosa tramitología que degenera en corruptelas'.
