La Procuraduría urgió a la Comisión de Garantías de Seguridad para 'planificar acciones inmediatas encaminadas a brindar garantías especiales de protección a los líderes y defensores de derechos humanos que se encuentran inscritos como candidatos' a las regionales de octubre.
El Ministerio Público recomendó identificar de la lista de candidatos a quienes ostentan la condición de líder social, en especial aquellos que hagan parte de los programas de protección de la UNP, hayan efectuado algún reporte de potencial de riesgo, o que sean sujetos de medidas de protección por parte de otras entidades del Estado.
Así mismo, pidió 'estructurar un censo de estos candidatos, con los datos necesarios de identificación, y con la reserva debida, sectorizarlo por regiones, departamentos y áreas de trabajo en liderazgo, y requerir a los partidos y movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos la adopción de medidas internas, informadas y articuladas con las autoridades electorales'.
Finalmente, el ente de control solicitó definir e implementar de manera inmediata un sistema temporal de comunicación y diálogo con los candidatos, así como una línea de atención especializada para 'denuncias y reportes específicamente relacionados con el proselitismo electoral y las posibles afectaciones frente al ejercicio del liderazgo social' en sus comunidades.
