Los parlamentarios Germán Navas Talero, del Polo Democrático y Marcos Calarcá, de la Farc, presentaron ponencia negativa al proyecto de acto legislativo de las bancadas oficialistas, independientes y del Gobierno que establece la pena de cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños en Colombia.
La ponencia negativa fue radicada ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, que conoce de asuntos constitucionales y que desde este martes empezará a debatir la reforma, que deberá pasar cuatro debates en la primera vuelta y otros cuatro en la segunda para poder convertirse en ley de la República.
Sobre la medida, que ha intentado sin éxito durante 11 oportunidades desde 2007 pasar del Congreso a la sanción presidencial, Navas y Calarcá aseguran que es innecesaria, ya que las penas actuales, dicen, bastan, pero la justicia es ineficaz para aplicarlas y para llevar ante los estrados a los responsables.
'La recomendación es más bien esforzarse por incrementar la eficacia del sistema penal en cambio de incrementar las penas: Es mejor, entonces, perfeccionar la investigación de esos crímenes contra los niños, niñas y adolescentes, para reducir su impunidad, en vez de plantear la cadena perpetua', se lee en la ponencia que pide el archivo de la iniciativa.
Agrega el documento así que el articulado 'no es, entonces, la expresión de una buena política criminal acorde con los postulados propios de la democracia, sino una forma de populismo o de demagogia punitiva'.
Los legisladores de izquierda advierten, además, que la prisión perpetua va en contra de la 'dignidad humana' y de la 'función resocializadora de la pena'.
'La pena de prisión perpetua afecta desproporcionadamente la dignidad humana, pues lo que ella en el fondo pretende es autorizar al Estado a utilizar a los perpetradores de estas conductas como instrumentos ejemplarizantes para la sociedad, en procura de generar un efecto de disuasión, y esto desconoce la función resocializadora de la pena', reza la ponencia.
Sin embargo, frente a la novedad que trae el proyecto, de la revisión de la pena luego de 25 años de cárcel, se muestran de acuerdo los ponentes: 'Ello estaría a tono con las normas vigentes en Colombia que privilegian la resocialización como fin principal de la pena privativa de la libertad, lo cual es compatible con las consignas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana de Derechos Humanos, instrumentos ratificados por Colombia'.
Según las cifras oficiales, el promedio de edad de los agresores sexuales de niños en el país es de 39 años y la sentencia para estos es de unos 60 años.
Por eso, concluyen los congresistas opositores: 'Estas medidas suelen ser bastante populares a nivel de la opinión pública y dan buenos réditos políticos a quienes las defienden, pero no sólo tienen una eficacia limitada y discutible para prevenir los crímenes, sino que pueden agravar muchos de los problemas del sistema penal, como el hacinamiento carcelario de la cadena perpetua. Pero un odio generalizado, por más explicable que sea, no constituye una razón'.
