La reforma constitucional al sistema de control fiscal en el país se prepara para su séptimo debate en la Comisión Primera del Senado, el penúltimo antes de convertirse en ley de la República. El vicefiscal dice que lo que se busca es que la Contraloría pueda llegar antes de que se produzca el daño fiscal y no solo después, como sucede actualmente. Entre tanto, la Red de Veedurías de Colombia advierte que esta condición comporta un riesgo de coadministración de los recursos y agrega que el articulado trae consigo más burocracia para el ente de control.
En la iniciativa se lee al respecto de la nueva posibilidad de la Contraloría: 'El control fiscal podrá ser preventivo, concomitante, posterior y selectivo, según sea necesario para garantizar la defensa y protección del patrimonio público. El Control Preventivo y Concomitante no implicará coadministración y se realizará en tiempo real a través del seguimiento permanente del recurso público'.
Además, se especifica que el organismo revisor podrá, en este sentido, 'advertir a los servidores públicos y particulares que administren recursos públicos de la existencia de un riesgo inminente en operaciones o procesos en ejecución, con el fin de prevenir la ocurrencia de un daño, a fin de que el gestor fiscal adopte las medidas que considere procedentes para evitar que se materialice o se extienda, y ejercer control sobre los hechos así identificados'.
Frente a las facultades sobre las contralorías territoriales, el articulado plantea que el ente del nivel central podrá 'intervenir, en el marco de la función de vigilancia y control fiscal, cuando una contraloría territorial requiera apoyo técnico, se tenga evidencia de falta de imparcialidad y objetividad, o lo solicite el gobernante local, la corporación de elección popular del respectivo ente territorial, una comisión permanente del Congreso de la República, la ciudadanía mediante cualquiera de los mecanismos de participación ciudadana, o la propia contraloría territorial'.
En cuanto a los salarios, el proyecto propone en un parágrafo que la asignación básica mensual de los servidores de la Contraloría sea equiparada a los de los empleos equivalentes de otros organismos de control de nivel nacional.
Y sobre los cargos que entrarían a hacer parte de la entidad se lee en el mismo aparte que 'la Ley determinará la creación del régimen de carrera especial de los servidores de las contralorías territoriales, la ampliación de la planta de personal, la incorporación de los servidores de la planta transitoria sin solución de continuidad y la modificación de la estructura orgánica y funcional de la Contraloría', agregando que 'exclusivamente para los efectos del presente parágrafo y el desarrollo de este acto legislativo, otórguense precisas facultades extraordinarias por el término de seis meses al Presidente de la República para expedir decretos con fuerza de ley'.
Este asunto es cuestionado por el director de la Red de Veedurías de Colombia, Luis Alfonso Vargas, quien desde el pasado 2 7 de mayo había enviado un documento al Congreso, en el que señalaba que estas facultades extraordinarias al presidente por un término de seis meses 'se suman a la aprobada en el PND para adelantar una reestructuración jerárquica y funcional también por seis meses, esto atado a la eliminación de la restricción al control de gastos de personal aprobada en diciembre pasado en la ley 1943 de 2018'.
Agrega el veedor que lo que se pretenden con 'la reestructuración, el equipamiento de salarios y el incremento en el porcentaje de los recursos, es la creación de más cargos y por ende más burocracia'.
Critica además la veeduría las gestiones en la Auditoria General, que según la red no produjo resultados satisfactorios al revisar la labor de la Contraloría, por parte de Carlos Felipe Córdoba –actual contralor general- en 2016 y de Carlos Hernán Rodríguez en 2018, y las compara con la gestión de Laura Marulanda, quien en 2014 estableció 'tres hallazgos fiscales por $76 mil millones' en la Contraloría.
Por ello, concluye Vargas que 'la sola existencia de la Auditoría no tiene razón de ser, puesto que es un caso ‘sui generis’, es como si a la Procuraduría le crearan otra Procuraduría para vigilar su gestión (…), por tal esta entidad debe ser suprimida y esos recursos invertirlos en el fortalecimiento de la contralorías territoriales'.
Ante este panorama, el vicecontralor Ricardo Rodríguez Yee respondió en EL HERALDO las críticas que se le hacen al proyecto.
