Tras la reunión de este lunes en la Defensoría del Pueblo, a la que asistieron la Federación Nacional de Departamentos, FND, gobernadores y delegados de las gobernaciones del Caribe, se anunció la emisión de una posición jurídica de la FND a favor del Caribe colombiano tras la demanda interpuesta ante la Corte Constitucional por el ente del Ministerio Público contra tres artículos del salvamento de Electricaribe en el Plan Nacional de Desarrollo, PND.
La gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia, le dijo a EL HERALDO, al término del encuentro: 'Vinimos a presentarle al señor defensor los argumentos de todos los departamentos del Caribe para poder implementar de manera rápida y urgente la ley del Plan de Desarrollo, y queremos que estén limpios y libres de toda duda esos artículos para poder iniciar el nuevo proceso del nuevo esquema de prestación del servicio de energía en el Caribe'.
Para la mandataria cordobesa, el ente del Ministerio Público está abierto al diálogo con la región: 'La Defensoría nos dice que la demanda es pública, que no ha sido admitida, que están esperando que la Corte lea los argumentos, que hay otra demanda que está más avanzada, pero que entienden también los argumentos de las comunidades y esperamos que en bien del beneficio del Caribe acojan los argumentos o nos toca dar la pelea de manera respetuosa'.
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A su vez Rachid Náder, secretario jurídico de la Gobernación del Atlántico, anunció en diálogo con este diario que 'la Federación de Departamentos va a sentar una posición jurídica en la que explique que el PND sí es ajustado a la Constitución y que no tiene ningún viso de ilegalidad'.
Lo que piden por ahora desde los despachos departamentales costeños es, advirtió, 'que se resuelva este tena porque mientras esté esta demanda se genera una situación de riesgo frente a la posible inversión privada dentro del proceso de Electricaribe, porque ningún inversionista va a venir a hacer una inversión tan alta si tiene sub júdice una situación en la cual la ley que soporta la inversión está demandada'.
En este sentido, precisó que sería importante que tanto la Defensoría como la Corte se manifestaran al respecto: 'Sería bueno que la Defensoría tratara de verificar hasta qué punto pudiese retirar la acción que interpuso y si eso no fue posible sería importante que la Corte se pronunciara con la mayor prontitud bien sea con un comunicado que luego sea eleborado en sentencia'.
El ente del Ministerio Público, explicó Náder, lo que expuso fue que dentro de sus competencias pueden ejercer la acción pública de insconstitucionalidad y que consideran que la sobretasa que se creó es un impuesto de destinación específico que viola la Constitución. Además, que el hecho de asumir los pasivos por parte del Gobierno viola el artículo 355, que es el que tiene que ver con donación a particulares: 'Nosotros creemos que no es así porque para poder ofrecer condiciones a un privado tienes que entregar una empresa con cierto grado de saneamiento que le dé seguridad y tranquilidad a su inversión'.
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Finalmente, opinó que en este caso 'la interpretación de la Constitución debe darse de cara a las necesidades de la región, es decir debe darse una interpretación no gramatical sino sociológica'.
Y el director de la FND, Carlos Camargo, señala que tiene 'muchas preocupaciones, porque esto generaría una gran incertidumbre de lo que sería la suerte del nuevo operador que entraría en desarrollo a finales de este año, y hay que proteger los intereses de la opinión de los ciudadanos del Caribe colombiano'.
Sobre la posibilidad de que la Defensoría llegase a desistir del recurso, señaló Camargo: 'Ese evento procesal del desistimiento se está revisando, en el marco de que esto es una acción pública por inconstitucionalidad, de manera que creo que es procedente y se revisan otras alternativas para fijar nuestra línea de defensa', y así mismo, anota, 'la Corte podría proceder con la inadmisión de la demanda, y eso lo entraría a valorar el tribunal constitucional'.
A la reunión asistieron la gobernadora de Córdoba, delegados de las demás gobernaciones costeñas, el director de la FND y un delegado de la Defensoría.
