El procurador Fernando Carrillo criticó el proyecto de ley presentado por el Centro Democrático que busca someter a referendo las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos fundamentales.
'La @CConstitucional es un bastión de libertades y de protección de derechos. No podemos permitir que se destruya la institucionalidad jurídica de Colombia', escribió en su cuenta de Twitter el jefe del Ministerio Público.
Carrillo Flórez agregó al respecto, durante la segunda mesa de la gran consulta ciudadana 'Voz por la Justicia', que 'llevamos 200 años en la búsqueda de la justicia y por eso estamos aquí, consultando a la ciudadanía, contrario a los que creen que la solución es comenzar a destruirla'.
Se refirió el procurador al proyecto de ley presentado por 33 parlamentarios del Centro Democrático (que tiene 51 congresistas), en el que se lee: 'Deberán someterse a referendo las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, cuando se refieran a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título II (derechos fundamentales) y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si así lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la promulgación del Acto Legislativo, un cinco por ciento de los ciudadanos que integren el censo electoral. La reforma se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral'.
Y en un parágrafo se lee: 'Cuando la Corte Constitucional mediante un fallo interprete materias referidas a los derechos reconocidos en el Capítulo 1 del Título ll y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, la ciudadanía podrá solicitar mediante un referendo que se anule dicha interpretación, si la considera contraria a sus principios fundamentales. Y se entenderá derogada por el voto negativo de la mayoría de los sufragantes, siempre que en la votación hubiere participado al menos la cuarta parte del censo electoral y cumplan las exigencias del artículo 155 de la Constitución Política'.
