Al menos 728 agentes del Estado están implicados en hechos relacionados con el conflicto armado, según lo reveló el segundo informe presentado por la Procuraduría General a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el que se registraron 593 procesos disciplinarios.
El informe ‘Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición’ da cuenta de cerca de 593 procesos disciplinarios concluidos, relacionados con el conflicto armado interno, que corresponden al período 1990- 2005.
Entre los funcionarios que cita el informe figuran miembros de las Fuerzas Militares, principalmente del Ejército Nacional y la Policía Nacional, de las cuales 691 eran hombres.
Asimismo, el Ministerio Público refirió que también se encuentran 53 personas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), 4 de una alcaldía municipal, 9 del Congreso, 2 de ministerios, 5 de gobernaciones y 4 más adscritas a registradurías, inspecciones, personerías y a la Presidencia.
'Se determinaron como patrones de conducta de los servidores públicos el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros', citó en un comunicado el ente de control.
Se estima, según la Procuraduría, 3.573 víctimas, en conjunto con el primer informe entregado a la JEP el pasado 11 de diciembre de 2018.
De estas, 108 personas fueron identificadas como indígenas, 14 como afrocolombianas y una perteneciente al pueblo ROM.
Según el Ministerio Público, la mayoría oscilaban entre los 21 y 25 años al momento de la ocurrencia de los hechos.
