A pesar de que la Unidad de Investigación y Acusación, UIA, emitió este martes un comunicado informando que solicitaba la expulsión de la JEP de alias Sonia, la exguerrillera asegura que no está con Iván Márquez y compañía y que sigue comprometida con el proceso de paz.
La UIA, de acuerdo con el comunicado, pidió ante la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP la expulsión de los beneficios del acuerdo de paz con las Farc de alias Sonia y alias Enrique Marulanda. Se trata de Omaira Rojas Cabrera o Anayibe Rojas Valderrama, alias Sonia, quien llegó extraditada de los Estados Unidos y se acogió a la JEP, y de Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda.
'Esta determinación se adoptó tras las verificaciones realizadas por el Grupo de Policía Judicial de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, en coordinación con la Dijín, y luego del anuncio público de su intención de retomar las armas y alzarse en contra del régimen constitucional y legal vigente en el video de agosto pasado', indicó la UIA en un comunicado.
No obstante, tras conocer el reporte, Sonia, desde el Caquetá, le dijo a la emisora capitalina 'Blu Radio' que sigue 'comprometida' con el acuerdo de La Habana y que está esperando ampliar la versión colectiva en el caso 001 o de secuestros de las extintas Farc.
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En el boletín se cita al director de la UIA, Giovanni Álvarez, indicando que el trabajo intersinstitucional liderado por el grupo de fiscales de la Unidad designados para esta tarea 'nos permite entregar este nuevo resultado y cumplir con el mandato legal otorgado a la UIA respecto de la solicitud de incidentes de incumplimiento frente a quienes han faltado a los compromisos adquiridos al momento de acceder a la Jurisdicción Especial para la Paz'.
El 17 de octubre pasado hubo siete solicitudes de expulsión de exguerrilleros por el video de Márquez y compañía.
Recordó la UIA en el boletín que esta unidad es el órgano de la JEP encargado de las investigaciones y del ejercicio de la acción penal, cuando los presuntos autores individuales o colectivos de graves violaciones a los derechos humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario no reconocen verdad plena o responsabilidad.
