El ministro de Defensa, Guillermo Botero, presentó su carta de renuncia la noche de este martes tras la polémica por la muerte de ocho menores de edad en un bombardeo del Ejército Nacional.
Entre los escándalos se encuentra cuando anunció –antes de posesionarse como Ministro- que regularía las protestas sociales, lo que dio a entender como una limitación a este derecho.
'Creemos que esta debe ser una protesta social ordenada que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos, y no solo de un pequeño grupo, y hemos considerado que, sobre eso, el próximo Gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido'.
El 14 de septiembre del 2018, cuando llevaba menos de dos meses en su cartera, Botero tuvo que dar explicaciones por declarar sobre una supuesta financiación de las protestas con plata de disidencias y bandas criminales.
Sobre esto Botero dijo que respetaba 'ese derecho ciudadano de expresión pública y pacífica', y que no se podía permitir 'que grupos armados organizados al margen de la ley oculten sus intereses detrás de ese derecho de la ciudadanía'.
Una de las polémicas que más ha estremecido a Botero, y que llevó al primer debate de moción de censura, fue la primera versión que dio sobre la muerte del exguerrillero de las Farc, Dimar Torres, el pasado 22 de abril.
Por este homicidio hoy son investigados varios militares, caso que ha sido calificado como un nuevo ‘falso positivo’.
El 24 de abril de este año Botero dijo que Dimar Torres se encontró con el cabo del Ejército que le disparó en zona rural de Convención (Norte de Santander) y que a el cabo 'le intentaron arrebatar el fusil y en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona que fue de las Farc'.
Luego, se conoció que en la investigación la Fiscalía concluyó que este no se trató de un hecho de servicio, sino que fue un plan para asesinar al desmovilizado. Sin embargo, Botero aseguró que la información que había dado inicialmente fue la que le entregaron los uniformados.
Durante la coyuntura del asesinato de Torres, Botero rindió explicaciones por una directriz que reveló el diario The New York Times en la que supuestamente se pedía incrementar el número de bajas en combate, hecho que varios sectores vieron como el renacer del fantasma de los 'falsos positivos'.
Botero negó que existiera la directriz, y aseguró que las Fuerzas Militares tienen 'total y absoluto respeto por los derechos humanos'. Finalmente, la directriz fue retirada para 'evitar malas interpretaciones'.
También fue cuestionado por la muerte de Flower Jair Trompeta Pavi, el líder social y defensor de derechos humanos en Corinto. 'En relación con los acontecimientos ocurridos (...) La Fiscalía confirmó identidad de Flower Trompeta mediante cotejo dactiloscópico. Esta persona tiene SPOA por el delito de receptación. Esperamos informe de necropsia de Medicina Legal', dijo el ministro en un trino.
La comunidad de la vereda La Laguna, de Corinto aseguró que a Trompeta Pavi lo había retenido el Ejército, mientras que los militares afirmaron que murió durante un combate contra las disidencias.
Otra de las polémicas de Botero fue en julio de este año cuando, durante unos de los talleres 'Construyendo País' en Vichada, afirmó que la región era muy tranquila y que los robos se trataban de 'ropa extendida en cuerdas para secarse'.
El hecho le generó indignación a los pobladores de la región, quienes afirmaron que en la zona se ven afectados por hurtos de mayor relevancia, y otros hechos que afectan la seguridad ciudadana.
Otro caso fue en marzo, durante una audiencia en la Corte Constitucional, cuando dijo que debíamos volver a los herbicidas para fumigar los cultivos ilícitos.
El ministro le dijo a los magistrados que fumar una hectárea de coca con glifosato tenía un costo de $2 millones.
Sin embargo, la ONG Dejusticia dijo que fumigar una hectárea de coca puede costar entre 72 y 100 millones de pesos.
