Denuncias de corrupción contra aliados del líder opositor Juan Guaidó desataron ayer una crisis justo cuando su estrategia para expulsar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, luce debilitada.
Una investigación periodística publicada por el sitio web Armando.Info señaló a nueve diputados opositores -algunos de la Comisión de Contraloría del Parlamento- por gestiones a favor de los empresarios colombianos Carlos Lizcano, Álex Saab y Álvaro Pulido, vinculados con un programa de Maduro para distribuir alimentos subsidiados.
Lizcano es identificado por el portal como 'subalterno' de l barranquillero Alex Saab y su socio Álvaro Pulido, sancionados el pasado 25 de julio por Estados Unidos tras acusaciones de sobreprecios en sus importaciones de comida para los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Saab y Pulido enfrentan acusaciones de la justicia estadounidense por lavado de dinero proveniente del plan de Maduro, que la oposición denuncia como una estrategia de control social.
Los legisladores, según la investigación, enviaron comunicaciones a autoridades de Colombia y Estados Unidos pidiendo 'indulgencia' para Lizcano, al considerar que no estaba involucrado en los ilícitos de Saab y Pulido.
'No permitiré que la corrupción ponga en riesgo todo cuanto hemos sacrificado(...). Ni al régimen ni a un grupito de inmorales que quieren fracturar a los venezolanos. No vamos a tapar los delitos de nadie', reaccionó en Twitter Guaidó, jefe del Legislativo reconocido como mandatario encargado de Venezuela por medio centenar de países.
Y un par de horas después Guaidó anunció ocho sanciones a través de redes sociales. La primera fue declarar invalidez de los documentos presentados por la Asamblea Venezolana o de sus diputados, que exoneren a las empresas o ciudadanos vinculados con la corrupción.
Anunció como segunda medida la intervención y restructuración inmediata de la Comisión de Contraloría de la Asamblea, cuya función se utilizó para presentar las indulgencias ante la Fiscalía en Colombia.
La tercera medida fue suspender a los nueve diputados involucrados.
La noche del sábado, en una carta dirigida a Guaidó, el legislador Freddy Superlano renunció a la presidencia de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional para 'facilitar las investigaciones'.
Los principales partidos opositores -Voluntad Popular, al que pertenece Guaidó, y Primero Justicia- habían excluido de sus comisiones legislativas a cinco de los diputados que aparecen en el reporte de Armando.Info. El resto forma parte de otras organizaciones.
Como cuarta medida anunció Guaidó 'una investigación independiente y exhaustiva con Ong y miedos de comunicación'. A estos los invitó a presentar ante la Asamblea el desarrollo de la investigación y fue la quinta medida.
Guaidó indicó que ningún diputado puede 'expedir ni está autorizado de entregar avales de buena conducta con fines relaciones sobre empresas o ciudadanos'. Esta fue la sexta media.
La séptima fue el anuncio de la convocatoria abierta para quienes estén interesados en el cargo de Contralor Especial de la República. y la última medida será llevar a la reunión delTiar los nombres de los diputados investigados.
