La plenaria de la Cámara, en medio de los 135 artículos que aprobó este martes en el último debate de la reforma tributaria, avaló los puntos que otorgarían seguridad jurídica a los inversionistas interesados en el mercado de energía eléctrica de la Costa, para que la subasta de Electricaribe se haga en febrero de 2020, como está previsto.
Al respecto, el representante barranquillero César Lorduy, de Cambio Radical, le dijo a EL HERALDO que 'las condiciones que le permitieron a los futuros inversionistas evaluar su interés en Electricaribe se mantienen, recordemos que dicha evaluación se hizo en la reforma tributaria de 2018, que se cayó. Se han restablecido las mismas condiciones que se tenían con anterioridad, luego los famosos sobrecostos en el orden de los $500 mil millones no tendrían por qué presentarse y veo con optimismo que las ofertas que se espera puedan presentarse en febrero ocurran efectivamente'.
Esto luego de que el pasado 5 de noviembre la Superintendencia de Servicios informara que ante la declaratoria de inexequibilidad de la Ley de Financiamiento el Gobierno había analizado en las últimas dos semanas el impacto de dicha declaratoria en la valoración de los mercados de energía Caribe Sol, Caribe Mar y Nuevo Caribe (mercado completo), 'en aspectos determinantes como la tasa nominal de renta, la tasa de mega inversiones y la deducción del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital que tienen un efecto relevante sobre la transacción'.
En ese momento, advirtió el ente de control que la variación en la valoración podría ascender a cerca de $500 mil millones; 'razón por la cual Electricaribe ve la necesidad de prorrogar el plazo de las subastas que adelanta actualmente para la presentación de ofertas vinculantes'.
Precisó la superintendenta, Natasha Avendaño, que dichas normas en veremos en aquel momento tenían 'un impacto en la valoración de la compañía, porque no habría reducción en renta ni habría lugar a las megainversiones, y esto nos deja con una diferencia en la valoración aproximada de $500 mil millones, y los inversionistas tendrían que castigar este valor en las ofertas que nos hagan'.
Por lo que decidieron, agregó, 'que lo mejor era tener una certidumbre de las normas tributarias para que los interesados hagan a principios de año sus análisis, presentarlo a sus juntas directivas, enviar sus sobres el 20 de febrero, y tener las subastas el 26 y el 28 de febrero'.
Añadió Lorduy que otros temas de interés para el Caribe tiene que ver con las zonas francas: 'El pago del IVA se hará de forma bimensual, como me lo había prometido el Gobierno'.
Así mismo, indicó que para Barranquilla es importante que se haya exceptuado el IVA de las cirugías estéticas 'habida cuenta que la ciudad se está constituyendo poco a poco en centro internacional para la prestación de servicios de salud'.
Y, finalmente, puso de presente el parlamentario que en materia portuaria y aeroportuaria 'se estableció que el cobro del ingreso predial no se haga efectivo a todos aquellos que en estos momentos tienen contratos de concesión sino que el pago del predial se haga para futuros contratos de concesión o los actuales pero solo cuando se renegocie'.
El pleno del Elíptico, en más de 10 horas de debate, pasó en bloque inicialmente 82 artículos sin proposiciones y el resto de los 53 puntos con proposiciones con aval y sin aval del Gobierno.
En medio de la discusión de la tributaria, el representante John Jairo Cárdenas, de La U, dio un parte positivo de la anterior norma aprobada.
'Como vocero del Partido de la U manifiesto que después de la Ley de Financiamiento se ha incrementado la productividad y hay más de 800 nuevas empresas constituidas', afirmó.
De otro lado, Katherine Miranda, de la Alianza Verde, advirtió que la iniciativa prolonga la desigualdad en el país.
'Las discusiones deben darse de cara en el Congreso. Esta reforma tributaria es inequitativa y lesiva para la ciudadanía, profundizando las desigualdades de los colombianos', cuestionó.
Y el representante David Racero, de los Decentes, anunció la existencia de un 'mico' en el articulado: 'Pese a la situación de desempleo que vive el país, el Gobierno Nacional decidió no hacer descuentos tributarios a las empresas que contraten población en situación de desplazamiento forzado y en condición de discapacidad'.
Se trata del artículo 90, que estipula eliminar los descuentos tributarios aplicables al impuesto sobre la renta a casos específicos señalados en la norma, dejando por fuera lo estimado en el capítulo 1 de la Ley 1429 de 2010, el cual contempla descuentos parafiscales a empresas que contraten poblaciones en situaciones de desplazamiento, en proceso de reinserción o en condición de discapacidad, siempre que estén debidamente certificados por la autoridad competente.
'No es posible que con la precaria situación laboral por la que atraviesa el país, el Gobierno de Duque decida desincentivar el empleo de la población más vulnerable del país, como 2 millones de personas con habilidades diversas, 5 millones de personas con desplazamiento forzado y 175 mil reinsertados desempleados', concluyó.
La mesa directiva de la Cámara citó la continuación de la discusión para este miércoles a las 10 de la mañana.
