En toda una batalla se ha convertido el inicio de algunas investigaciones por parte de la Procuraduría hacia una presunta corrupción en la Policía Nacional. En el ‘ring de boxeo’ se ha dado cierto cruce de poderes entre dos generales de esta Institución, los cuales son ficha clave en este proceso.
Las alarmas del Ministerio Público se encendieron por la decisión que tomó inicialmente el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, de enviar 400 días de vacaciones al inspector general de la Policía, general William René Salamanca Ramírez. Esta orden tuvo que ser reversada luego de que la Procuraduría anunciara que iniciaría una indagación inmediata del por qué Salamanca –persona clave en la investigación- iba a ser separado de su cargo por más de un año.
Según lo señala EL TIEMPO, el general Atehortúa se pronunció sobre el hecho este lunes durante la ceremonia de ascenso de oficiales de esa Institución.
El alto oficial manifestó que se le estaba ocultado información y cuestionó la creación de un grupo de inteligencia dentro de la Inspección General.
'Hay unos comportamientos que para mí tenían que ser evaluados con el general Salamanca y por eso lo cité a mi oficina para que aclarara por qué no estaba recibiendo información (…) ellos no pueden ser juez y parte en las investigaciones', expresó Atehortúa en medio de su declaración a la prensa.
De igual manera, el general negó que existiera un plan para sacar a Salamanca.
De acuerdo con el diario capitalino el general Salamanca, a cargo de la Inspección General de la Policía, venía adelantando con su equipo de inteligencia tres líneas de investigación: un posible fraude en el reporte de horas de vuelo de varios pilotos, la presunta vinculación con narcotráfico con las salidas de ‘narcojets’ y la existencia de un posible detrimento de más de 18.000 millones de pesos en la construcción de dos complejos de viviendas por parte de la Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial Para la Paz (Cenop).
