El consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, aseguró el pasado martes que la batalla del Estado debe ser la desaparición y no la disminución de los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
'Requerimos de un esfuerzo nacional para que todos nos unamos alrededor de esta batalla que debe ser la desaparición, no la disminución, de los asesinatos de líderes sociales en nuestro territorio', señaló el alto funcionario al dar a conocer que en el 2019 se registró una reducción del 6,14% en el asesinato de líderes sociales, frente al 2018.
Agregó Barbosa que todos los colombianos se deben unir para enfrentar la criminalidad contra los líderes sociales: 'En territorios disímiles se están registrando violaciones de derechos humanos, que debemos todos, como colombianos, combatir: el Gobierno Nacional poniendo su parte, la Rama Judicial procesando y, por supuesto, los partidos políticos poniéndose en un solo bando, porque aquí no puede haber bandos alrededor de la criminalidad ni de los muertos de los líderes sociales. No cabe hacer política sobre esos temas'.
En las declaraciones a periodistas desde la Casa de Nariño, el consejero recalcó que este debe ser un propósito de toda la institucionalidad colombiana, no solo del Gobierno Nacional, y en ese sentido llamó la atención de los nuevos gobernadores y alcaldes.
'El Estado tiene que incrementar su acción y su presencia en los diferentes lugares del territorio nacional, con inversión social, inversión en educación, salud, presencia de la justicia, presencia de Fiscalía. Este es un momento preciso porque llegaron los nuevos gobernadores y alcaldes y todos debemos ponernos la camiseta en la protección de los líderes sociales', dijo.
Reiteró Barbosa que el narcotráfico 'atado a estructuras criminales como el Clan del Golfo, el Eln, Los Caparros, Los Pelusos y otras organizaciones criminales', son los generadores de los homicidios y puso de presente que en el 2019 se realizaron 97 sesiones de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida de Alertas Tempranas, Ciprat, así como 34 sesiones del Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas, Cerrem, en las cuales se recomendaron medidas de protección de carácter complementario para 19 resguardos indígenas, 11 consejos comunitarios afrocolombianos y cuatro organizaciones sociales defensoras de derechos humanos.
