La Fiscalía afirma en la decisión de declarar el crimen del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero como delito de lesa humanidad, que el suyo estuvo inmerso en la ola de asesinatos generalizados contra un grupo de miembros de la Universidad del Atlántico que denunciaban, sobre todo, la entrada de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) en la alma mater, en medio de un plan sistemático en el que participaron los paramilitares en connivencia con la fuerza pública.
En la resolución de 25 páginas y fechada el pasado 14 de enero, conocida por EL HERALDO, el fiscal 76 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, Óscar Rodríguez, declara que el homicidio y tortura de Freytter, ocurridos el 28 de agosto de 2001 entre la ciudad de Barranquilla y Ciénaga, Magdalena, se categoriza como un delito de lesa humanidad y en este sentido declara además que la acción penal por la conducta punible de dicho delito se torna imprescriptible.
'La existencia de una política contra una determinada comunidad, el establecimiento de instituciones (o la toma de las mismas) para implementar dicha política, el hecho de que se involucren políticos, directivos o militares de alto rango, el empleo de importantes recursos financieros, militares u otros, y el grado que alcance un repetido, invariable y continuo tipo de violencia contra una población civil en particular, se cuentan entre los factores que pueden demostrar tanto la generalidad como lo sistemático de un ataque', se lee en el documento.
Activismo
En las consideraciones del despacho se indica que el crimen se produjo por el activismo de Freytter, es decir 'en razón a la participación de la víctima en la Universidad de Atlántico, especialmente, en su reivindicación de los derechos de los pensionados que como él se veían afectados por la administración de ese momento'.
Reitera además el contubernio de miembros de las fuerzas legales e ilegales para la comisión del asesinato: 'Participaron de manera conjunta miembros de las AUC, quienes ya aceptaron su responsabilidad, junto con miembros de la fuerza pública, que en su momento integraban el Gaula de la ciudad de Barranquilla, evidencia de ello las condenas (ya en firme) y acusaciones que reposan en el expediente'.
Por el homicidio fue acusado el exteniente de la Policía, Flóver Argeny Torres Sánchez, quien se encuentra prófugo a pesar de estar siendo procesado por varios crímenes.
Según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, representantes de víctimas, el crimen del profesor 'fue cometido directamente por Óscar Orlando Ortiz, alias Moncho, jefe paramilitar del frente José Pablo Díaz, en colaboración con el teniente Flóver Argeny Torres Sánchez y Julio César Pacheco Bolívar, alias La Chacha, ambos del Gaula (…)'.
Los 9 asesinados
El crimen de Freytter fue uno de muchos que enlutaron a la universidad pública durante casi una década: 'No se trataba de un hecho aislado sino que fue uno más de un plan sistemático en contra de aquellos miembros que ejercían su voz en contra de la apropiación de la alma mater por fuerzas ajenas a la misma, que inclusive se asociaron con grupos al margen de la ley'.
'Baste observar que en un lapso mínimo fueron asesinados, entre otros, Luis Miguel Meza Almanza, Humberto Contreras Sereno, Jairo del Carmen Puello Polo, Reinaldo Serna López, Ángel Gabriel de la Hoz Castellar, Alfredo Correa de Andreis, —como consta en una nota de pie de página del fallo también figuran los crímenes, aunque no los lleva este despacho, de Raúl Peña Robles, Alfredo Martín Castro Ayder y Lisandro Vargas Zapata—, todos ellos relacionados directamente con la Universidad del Atlántico y especialmente con la irrupción de grupos armados ilegales de extrema derecha en la administración de la misma', agrega el documento.
Y concluye que en los ataques a Freytter y a los miembros de la universidad hubo una estrategia definida y común: 'Se presentó una repetición de actos (falsas denuncias, persecución penal y homicidio) dentro de un periodo determinado (años 1997 a 2006) en contra de un grupo determinado, en este caso miembros de la universidad que realizaban denuncias o que en general fueron opositores de la llegada de grupos de extrema derecha al alma mater'.
