Este miércoles, en Bogotá, Human Rights Watch (HRW) presentó un informe alertando sobre la presencia de grupos armados en Colombia y Venezuela.
'Los residentes de Arauca y Apure viven aterrorizados, mientras los grupos armados imponen sus propias reglas, reclutan niños, amenazan a residentes y castigan a quienes desobedecen, incluso con la muerte o con meses de trabajo forzado', afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Las investigaciones realizadas por la ONG estadounidense sugieren que en vez de que el gobierno enfoque su estrategia de mejorar la situación en Arauca enviando militares, 'lo que debe hacer es fortalecer el poder judicial, reforzar la protección de la población, y adoptar medidas para asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y servicios públicos.'
Otro aspecto que se habló en el informe de HRW, es que pareciera que los grupos armados tienen más libertad de acción en Venezuela que en Colombia, esto porque según fuentes que entrevistó la ONG estadounidense, los grupos han trasladado a víctimas secuestradas en Arauca a campamentos y otras instalaciones que tienen en Venezuela. Y en vez de enfrentarlos, las fuerzas de seguridad venezolanas y las autoridades locales, en algunos casos, han actuado en 'complicidad' con los grupos armados.
Protección limitada
Las medidas de protección para los defensores de derechos humanos, los líderes comunitarios y otras personas expuestas a ataques por parte de grupos armados han sido limitadas, según revela el informe.
'La Unidad Nacional de Protección (UNP) cuenta con un solo funcionario en Arauca, esto demora y dificulta realizar evaluaciones de riesgo exhaustivas y oportunas. La UNP en Arauca no cuenta con protección para sus propios funcionarios, ni tampoco con un vehículo oficial, por lo cual rara vez visita zonas rurales', afirma HRW.
Impunidad
Además, el informe de la ONG denuncia que de 400 casos que siguen en investigación, la Fiscalía ha obtenido condenas de solo ocho homicidios cometidos desde 2017, y de las ocho condenas, ninguna se dictó contra un miembro de un grupo armado. Desde dicho año, la fiscalía 'no ha imputado, ni condenado, a ningún miembro de un grupo armado por violación sexual, amenazas, extorsión, reclutamiento de menores, desplazamiento forzado o por el delito de desaparición forzada'.
No obstante, el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, indicó: 'Vamos a enviar una respuesta al informe que ellos presentaron para que corrijan porque es que acá nos están diciendo que aquí los únicos que ejercen el control son los grupos al margen de la ley y eso no es cierto'.
