Tras el asesinato en las últimas horas del exguerrillero de las desmovilizadas Farc, John Fredy Vargas, en Huila, con el que se elevó a 177 el número de excombatientes asesinados tras el Acuerdo de Paz, el Gobierno Nacional anunció medidas adicionales para la protección de los reinsertados.
Así lo anunció este lunes en rueda de prensa el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, quien aseguró al respecto: 'En las decisiones del presidente no hay dudas, confusiones ni partes oscuras a la hora de proteger la vida de quienes decidieron plegarse a la legalidad'.
Luego de una reunión de la Mesa de Articulación Interinstitucional para la Seguridad de los Excombatientes, a la que asistieron delegados de los ministerios de Defensa y del Interior, la Fiscalía, el Ejército, la Policía y la UNP, entre otras, señaló el funcionario que se están aplicando medidas de protección para más de 8.900 exguerrilleros que están fuera de los antiguos Espacios Territoriales en 522 municipios, en lo que se conoce como población dispersa de excombatientes.
'Dentro de las nuevas acciones se mencionan: La celebración de las reuniones de la Mesa Interinstitucional en las regiones, comenzando por Caquetá; el fortalecimiento de las jornadas de autoprotección; un plan de soporte y acompañamiento de la Policía a la población dispersa y el relacionamiento con el partido Farc para facilitar el acercamiento a los excombatientes en acciones de seguridad.
Así mismo, el impulso a las alertas tempranas de toda la institucionalidad; instalación de circuitos cerrados de televisión para la seguridad en los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, Etcr, y mejoramiento de su conectividad y medidas para agilizar los estudios de riesgos y amenazas.
Al anunciar las medidas, Archila se mostró confiado en que se produzcan 'unas mejoras sustanciales en la protección de quienes están en proceso de reincorporación. Nos preocupa profundamente que se alteren los procesos de retorno a la vida civil a quienes le aportaron a la legalidad. No podemos tolerar que el narcotráfico y los grupos ilegales comprometan la vida de los colombianos'.
Y concluyó que los temas de seguridad se adecuarán a aspectos particularizados según las características de cada región. Y se priorizarán los análisis de riesgo para los solicitantes ubicados en los 27 municipios en los que se concentra el 65% de las afectaciones.
