La Fiscalía imputó los cargos de peculado culposo contra Georlett Sofía Gordon Ramos, coordinadora de apoyo logístico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por la pérdida de $299.995.373.
La funcionaria, que no aceptó los cargos formulados por el ente acusador, habría autorizado el pago de tiquetes con destino internacional sin realizar la labor de supervisión y control para evitar un detrimento a la entidad.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción investiga las presuntas irregularidades que se habrían presentado en el contrato número 1816 suscrito en 2016 entre el ICBF y la empresa Subatours S.A.S.
Dicho acuerdo tenía un valor de $11.749’251.113 siendo el objeto suministrar tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales para servidores públicos, contratistas y menores de edad que requieran adopción de medidas especiales de protección.
El material probatorio recaudado permitió establecer que en este caso se habrían expedido 76 tiquetes internacionales que beneficiaron a particulares y funcionarios sin que se tuvieran los soportes legales de comisiones al exterior por parte de la entidad.
Según la Fiscalía la imputada desde su cargo como coordinadora de apoyo logístico del ICBF y directora administrativa encargada, habría autorizado el pago de tiquetes con destinos internacionales sin contar con los soportes relacionados con los desembolsos.
