En medio de una visita a la JEP este lunes, el nuevo fiscal Francisco Barbosa advirtió que está trabajando en un proyecto de ley que revisará la permanencia de la Ley de Justicia y Paz dentro de la institucionalidad jurídica colombiana.
La idea, indicó, es ponerle un límite de tiempo al sistema de justicia transicional usado en la desmovilización de los paramilitares.
'Hay un proyecto ya para empezar a verificar cuál va a ser el tiempo de funcionamiento de esa Justicia y Paz, y necesitamos fiscales y colaboradores para trasladar a la gente a las seccionales para empezar a responderle a los colombianos en los territorios', dijo Barbosa al término de su entrevista con la presidenta de la JEP, Patricia Linares.
También anunció que en su periodo la Fiscalía 'trabajará de manera armónica' con la JEP, a lo que Linares respondió que 'siempre están abiertas las puertas de la JEP para que se pueda trabajar en conjunto con la Fiscalía'.
La magistrada, además, le hizo entrega al nuevo jefe del ente acusador de unas propuestas de 'trabajo conjunto' entre ambas entidades.
Indica el tribunal de paz que es 'importante' garantizar la continuidad de los procesos en la justicia ordinaria, 'hasta que la JEP haya tomado la decisión de aplicar sus competencias en el marco de dicho fuero de atracción plena de los procesos judiciales'.
Esto, agrega, evitará que personas que se enfrentan a procesos en la justicia ordinaria pretendan sacar provecho de la creación del mecanismo de justicia transicional sin que realmente cumplan el lleno de los requisitos.
También plantea Linares el fortalecimiento a la Unidad de Investigaciones para el Desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo.
Para la JEP, el 'adecuado' fortalecimiento y respaldo a dicha Unidad permitirá 'avanzar en el desmantelamiento de grandes estructuras criminales que operan en el país y que ponen en riesgo la consolidación de una paz estable y duradera; restablecer la confianza de los comparecientes que participan activamente en el proceso de paz y contribuir de manera eficaz a garantizar la no repetición de los crímenes'.
En cuanto a protocolos de intercambio de información a partir de los informes entregados a la JEP, es decir los que la Fiscalía presentó a la JEP sobre los crímenes cometidos con ocasión y en relación directa e indirecta con el conflicto armado que, eventualmente, serían de competencia de la JEP.
'Sobre el particular, es importante que existan protocolos y memorandos celebrados entre la JEP y la FGN que garanticen una efectiva contribución y trabajo armónico, orientado a garantizar el acceso a la información que se requiere continuamente para poder sustanciar los procesos de competencia de la JEP ', se lee en el documento.
Finalmente, pide la JEP al fiscal Barbosa una armonización de información con destino a organismos internacionales.
