La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez rechazó a través de un comunicado la decisión tomada por el juez 4 de Ejecución de Penas de Barranquilla, 'quien concedió el beneficio de detención domiciliaria al feminicida Samuel Enrique Viñas Abohomor, quien cumple una condena de 42 años por el brutal feminicidio de su esposa Clarena Acosta, a quien asesinó de dos disparos en la cabeza el 1 de enero de 2010'.
En el documento, si bien el Gobierno dice que 'respeta la independencia de las decisiones judiciales', advierte que 'no callará nunca ante las mismas, cuando estas representen un retroceso en los avances de la instauración de justicia para las víctimas, en especial las mujeres y particularmente cuando estas claramente beneficien sin razón e injustamente al criminal'.
Estás disposiciones, agrega, van en contra del principio de justicia y minimiza la gravedad de la sentencia y de los actos perpetrados por el condenado, 'tal y como ocurre en el caso de Enrique Viñas a quien precisamente la autoridad competente había ordenado anteriormente se trasladara a un centro de detención de alta seguridad para que cumpliera su condena'.
Por ello, Ramírez pidió a la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Gallo, ponerse en contacto con las autoridades competentes a fin de solicitar un análisis exhaustivo a la decisión y procurar que la medida sea revisada.
También, se lee en el boletín, la vicepresidenta solicitó a la consejera que mantenga permanente contacto y preste todo el apoyo necesario a los familiares de Clarena Acosta, 'quien fuera la víctima de Viñas y quienes se encuentran altamente conmocionados por la decisión de otorgarle detención domiciliaria a su feminicida'.
