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Ante el presidente Iván Duque, en un acto que se llevará a cabo este jueves a las 9:30 de la mañana en la Casa de Nariño, se posesionará el nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

Barbosa fue elegido por la Corte Suprema de Justicia a finales de enero pasado tras cinco sesiones de votación durante aproximadamente dos meses de deliberaciones.

Su designación fue bastante particular, pues la Corte solo tiene 16 magistrados y ese mismo es el número de votos que según la norma necesitaba uno de los ternados para convertirse en fiscal. Por ello la votación fue unánime.

El nuevo fiscal siempre fue el favorito y quien más obtenía votos en las salas para superar la interinidad en que permanecía el búnker desde que el 15 de mayo pasado renunciara Néstor Humberto Martínez por el caso Santrich y las riendas del ente acusador quedaran en manos del exjefe de la Unidad Delegada ante la Corte, Fabio Espitia.

Los otros dos ternados eran la secretaria jurídica de Presidencia Clara María González y el director de la Agencia de Defensa Jurídica Camilo Gómez.

Una de las prioridades de Barbosa, como él mismo lo ha manifestado, es la necesidad de que haya más funcionarios en labores de investigación, es decir, aumentar tanto fiscales como policías judiciales y ubicar a estos últimos en las Unidades de Reacción Inmediata, URI, que es donde se reportan los delitos que más afectan al ciudadano de a pie, como los hurtos, cuya tasa de esclarecimiento está en el 37%.

Para ello ha planteado hacer uso de los dineros y bienes que incauta la Fiscalía, pues el presupuesto del ente acusador, que ronda los $3,6 billones, sería insuficiente para aumentar su efectividad.

También anunció que no confrontará a la JEP sino que ofrecerá la colaboración de la entidad. Este asunto fue uno de los impases que hubo con Martínez, quien terminó renunciando en medio de diferencias, argumentó, con el tribunal de paz por el caso del exguerrillero sucreño Jesús Santrich, que ahora hace parte de los desertores.

Barbosa se venía desempeñando como alto consejero presidencial para los Derechos Humanos. Es abogado, especialista en Relaciones Internacionales, tiene maestría en Historia y en Derecho Público. Ha sido asesor jurídico de distintos entes públicos, fue fiscal especializado de Derechos Humanos, ha sido docente y es miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y de la Academia Colombiana de Derecho Internacional.