Representantes de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos pidieron a la JEP estudiar la posible expulsión del excomandante del Ejército, general (r) Mario Montoya, debido a que, según afirman, su primera comparecencia del pasado miércoles en medio del expediente por 'falsos positivos' fue 'una burla'.
La versión voluntaria de Montoya, comandante del Ejército entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, 'ha sido una burla para la justicia transicional, las víctimas y los defensores de derechos humanos', se lee en el comunicado emitido de manera conjunta.
Por ello, dicen que 'la JEP debe analizar el cumplimiento de los requisitos de permanencia en el mecanismo, y avanzar hacia la investigación, acusación y juzgamiento de este compareciente, e incluso valorando su posible exclusión de la JEP'.
Advierten al respecto las víctimas que el derecho a guardar silencio, al que se acogió el general retirado, 'es contrario al compromiso de aportar a la verdad'.
No obstante, la JEP, aunque admitió que el ex alto mando al inicio se rehusó a contestar las preguntas, luego, 'durante casi cinco horas el compareciente respondió una a una las preguntas que los magistrados de la Sala de Reconocimiento le formularon sobre los informes y las versiones que lo han mencionado con hechos relacionados con muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate dentro del caso 03'.
Los colectivos de abogados ponen de presente que existen al menos 18 versiones voluntarias rendidas hasta hoy por quienes fueron ejecutores materiales y otros altos mandos del Ejército sometidos a la JEP que 'han señalado a Mario Montoya Uribe como quien instigó al personal militar para cometer este tipo de delitos, a través de expresiones que, inequívocamente, los llevaron a cometer asesinatos de manera masiva y sistemática'.
Agregan las víctimas que en las versiones del excomandante del Ejército 'se han escuchado frases como 'necesitamos resultados, litros de sangre', 'la guerra en Colombia se mide en litros de sangre', y 'las bajas no es lo más importante, es lo único', expresadas de manera repetida a través de las comunicaciones del Ejército en hechos ya documentados ante la JEP, que también han sido de público conocimiento'.
Piden así mismo al tribunal de paz que realice un análisis integral de los hechos documentados que comprometerían a Montoya, no solo sobre los aparentemente perpetrados durante el periodo en que actuó como comandante del Ejército, sino todos aquellos ocurridos al parecer bajo su mando en el Comando Conjunto #1 Caribe entre abril de 2005 y febrero de 2006, la Primera División entre diciembre de 2003 y abril de 2005, la IV Brigada entre enero de 2002 a diciembre de 2003; así como los hechos atribuidos al Batallón de inteligencia y contrainteligencia Charry Solano, entre 1978 y 1981.
Y exigen a la Fiscalía 'continuar con las investigaciones que adelantan en relación con los casos de ejecuciones extrajudiciales, así como por otros hechos como las desapariciones forzadas ocurridas en la Comuna 13 de la Ciudad de Medellín, en el desarrollo y posterior consolidación de la Operación Orión, los nexos con grupos paramilitares, entre otros, contribuyendo a garantizar efectivamente el esclarecimiento de la verdad histórica, el acceso a la justicia y la determinación de la responsabilidad de todos aquellos que participaron por acción u omisión y que han permitido la ocurrencia de innumerables crímenes de lesa humanidad por parte de integrantes de las Fuerzas Militares'.
El comunicado es suscrito por la Acción Colectiva de Objetoras y Objetores de Conciencia, Asociación Minga, Cajar, Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, Comisión Colombiana de Juristas, Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, Corporación Jurídica Libertad, Corporación Jurídica Yira Castro, Grupo de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales en Antioquia Tejiendo Memorias, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Madres de Falsos Positivos de Bogotá y Soacha y Movice.
