Luego de que la JEP resolviera la semana pasada aceptar la solicitud de sometimiento del exgobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, como agente de Estado diferente a miembro de la fuerza pública, la familia del extinto alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Díaz, víctima del exmandatario departamental, dijo que aceptan su llegada al tribunal de paz siempre y cuando diga la verdad.
'Como familiares acataremos la decisión de la JEP, de su admisión', aunque advierten que 'sería únicamente bajo el condicionamiento estricto de que diga la verdad, toda la verdad y solamente la verdad', se lee en la misiva de los seres queridos de Díaz.
No obstante, ponen de presente que 'si no se cumplen los parámetros jurídicos y morales de verdad, justicia y reparación', resolverán apelar 'para que lo expulsen de ese tribunal especial'.
Los familiares señalan además que 'presienten' que Arana 'no va decir la verdad, o la va decir a medias', debido a que 'siempre se ha propuesto revictimizarnos por medio de amenazas, seguimientos, persecución jurídica y acoso por medio de sus agentes, pues presuntamente ha tenido activo a su personal de combate o secuaces'.
También aseguran en la carta que la riqueza del exgobernador 'es descomunal. Eso lo dice el pueblo de Sincelejo que conoció de sus andanzas y sus negocios, pero dicen que eso está en manos de testaferros', por lo que plantean que 'la JEP debe hacer una investigación exhaustiva y rastreo de los bienes y haberes, cuentas en Colombia y en el exterior, que se encuentran en manos de sus testaferros'.
Finalmente, dicen estar 'muy atemorizados y aprensivos', ya que 'al estar libre puede reconstituir sus grupos armados al margen de la ley, si es que ya no lo hizo, como lo han hecho otros jefes paramilitares'
Arana Sus fue condenado a 40 años de cárcel, de los cuales lleva 10 tras las rejas, por la desaparición forzada y homicidio de Eudaldo León Díaz, exalcalde de El Roble, Sucre; así como por concierto para delinquir agravado por colaborar con el Bloque Montes de María de las AUC; y por peculado por apropiación y falsedad ideológica por desviar fondos de las regalías del departamento a grupos armados al margen de la ley.
