El director jurídico de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Juan Camilo Ferrer, informó el pasado sábado en un comunicado que la licencia ambiental para el gran proyecto minero en el río Magdalena, a la altura de Cundinamarca y Tolima, otorgada a la empresa Proacol, está suspendida hasta que se resuelva un recurso de reposición presentado en el proceso por parte de uno de los 130 intervinientes acreditados en el mismo, entre los que se encuentran la comunidad y autoridades municipales.
Es decir, por ahora la compañía no podrá realizar ninguna actividad en la zona, hasta que la corporación no resuelva los recursos de reposición.
'Es necesario hacer claridad que la licencia ambiental, con los derechos y obligaciones que cobijan al beneficiario de la misma, se encuentra suspendida hasta tanto no se resuelva el recurso de reposición que ya fue presentado en el mes de noviembre de 2019, o los que pudieran presentarse en el término legalmente establecido que tienen los terceros intervinientes para tal fin', dijo el funcionario de acuerdo a la cita del boletín de la CAR.
En este propósito, la corporación anunció que constituirá un 'equipo especial experto que analizará tanto la parte técnica, como la social y la legal, en relación con los argumentos que se presenten'.
Tras este análisis, la entidad ambiental cundinamarquesa se pronunciará en relación con una eventual confirmación, modificación o revocatoria de la decisión adoptada.
Precisó además la CAR en el documento que fue la Agencia Nacional de Minería, ANM, la encargada de otorgar el título a la empresa Proacol, por un lapso de 30 años. Y que 'con base en este, la CAR concedió, mediante Resolución No. 3280 del 11 de octubre de 2019, el permiso correspondiente al contrato de concesión para la explotación de materiales de construcción (arena y grava) en el río Magdalena, a la altura de los municipios de Girardot en Cundinamarca y Coello en el Tolima'.
Agregó la entidad que la solicitud de la licencia para realizar actividades de explotación de material de construcción, por parte de la empresa Proacol, se realizó ante la CAR en el año 2013.
Desde ese momento, afirma la corporación, se 'realizó el respectivo análisis de los determinantes ambientales, desde el punto de vista técnico y legal, como usos del suelo de los municipios, Pomcas, o la existencia de algún tipo de áreas de especial importancia ecológica, para tomar la decisión respectiva'.
Y asegura que en medio de este proceso 'se garantizó la posibilidad de participación efectiva, no solo a las comunidades de las áreas de influencia del proyecto sino además a cualquier persona que quisiera intervenir en el trámite, lo cual se vio reflejado en la constitución de más de 130 terceros intervinientes, dentro de los cuales se encuentran las comunidades y autoridades municipales respectivas, así como también se realizó la audiencia pública debidamente solicitada'.
La Regional Alto Magdalena de la CAR, se lee en el comunicado, se encuentra realizando el proceso de notificación de la decisión respectiva, garantizando el derecho que tiene cada uno de los terceros intervinientes a presentar recurso, si lo desean, con los argumentos que pretendan demostrar y que puedan apuntar a que la decisión tomada, es contraria al ordenamiento jurídico ambiental.
Concluye la corporación que esta decisión se le pondrá de presente a la Procuraduría Delegada Ambiental, así como a los municipios respectivos y a las gobernaciones de Cundinamarca y Tolima, 'para lo que estimen pertinente y garanticen la legalidad del proceso'.
