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La Fiscalía informó este martes en un comunicado que de las 20 personas detenidas por su presunta participación en el incendio que arrasó varias decenas de hectáreas en la Serranía de la Macarena, en el Meta, 16 quedaron libres y el resto fueron enviados a la casa por cárcel.

'Egidio Guillén Tabares, Esteban Medina, Israel Patiño Buitrago y Yadira Ordóñez, detenidos con orden judicial, fueron imputados por invasión de áreas de especial importancia ecológica, ilícito aprovechamiento de recursos naturales e incendio, este último delito relacionado con las quemas hechas para despejar el terreno y habilitarlo para la ganadería. Estas personas recibieron detención domiciliaria', indicó el ente acusador.

Los restantes 16 capturados en situación de flagrancia, afirmó el organismo investigador, fueron imputados por invasión de áreas de especial importancia ecológica y los jueces les impusieron medidas no privativas de la libertad pero seguirán vinculados a la investigación y no podrán salir del país, entre otras restricciones.

Las capturas y operativos en los parques nacionales de Los Picachos y Tinigua, aclaró el ente acusador, se adelantaron en conjunto con la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, el Ministerio de Ambiente y Parques Nacionales Naturales de Colombia.

La Fiscalía reportó además que tomó varias medidas para resguardar estas zonas de la deforestación provocada por la ganadería extensiva y los proyectos agrícolas, entre las que se encuentra la prohibición del ingreso, movilización y comercialización de ganado en los parques naturales, con el fin así mismo de frenar los asentamientos humanos y ladestrucción del área protegida.

La idea es 'frenar la acelerada pérdida de bosque nativo y las quemas en los parques naturales Tinigua y Los Picachos, entre los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare'.

Para ello se elevó una petición al respecto ante jueces de garantías de Florencia y Cartagena del Chairá (Caquetá) durante las audiencias de judicialización de los 20 presuntos implicados en 'haber invadido la zona de reserva y en cinco años haber acabado con algo más de 1.800 hectáreas de selva para desarrollar actividades agropecuarias'.

Ante la solicitud, los togados impartieron órdenes a diferentes instituciones con el propósito de restablecer los derechos de los parques naturales de la Amazonía y garantizar su conservación.

Por ejemplo, la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), según sus competencias, deberán suspender los sellos de ganado, bloquear las guías de movilización de semovientes y detener la expedición de bonos para el comercio de ganado en Los Picachos y Tinigua.

También, los alcaldes de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena y La Uribe (Meta) no podrán emitir certificaciones de colonos ni autorizar la permanencia temporal de personas en los parques naturales. 'Esta medida pretende detener el crecimiento poblacional y los asentamientos humanos en las zonas protegidas', precisó la Fiscalía.

Además, el Banco Agrario dejará de aprobar créditos a personas que quieran desarrollar proyectos agropecuarios en los parques de la Amazonía.

Y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía avanzará en la identificación de las cabezas de ganado en Los Picachos y Tinigua con el fin de imponer medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo.