Varios líderes políticos de la Farc citaron un 'cacerolazo' este martes en el Parque de los Periodistas, en el centro de la capital, para rechazar lo que han denominado 'un plan de exterminio' contra los firmantes de la paz que deja 186 ex-Farc asesinados en todo el país durante los últimos tres años.
'Es fundamental que la sociedad colombiana se sensibilice pero que igual el Gobierno reciba un mensaje de que no puede seguir indiferente a la realidad de que 186 firmantes del acuerdo hayan sido asesinados y se está poniendo en cuestión el hecho de que se pueda construir en Colombia una paz estable y duradera', le dijo a EL HERALDO el senador Carlos Antonio Lozada.
Frente a las razones que tienen para considerar los crímenes contra los excombatientes como 'un exterminio', la senadora cordobesa Victoria Sandino señaló en diálogo con este diario que 'hay sistematicidad porque hay un patrón permanente que se repite en regiones como Nariño, Cauca, Norte de Santander, Arauca, Antioquia, y es exterminio porque un partido al que le hayan asesinado casi 200 militantes en menos de tres años se considera como un exterminio a la luz del derecho internacional'.
Para Lozada, además, lo que está sucediendo 'nos lleva por el camino de repetir la historia que sucedió en los 80's con la Unión Patriótica'.
Sandino, por su parte, advirtió que en el Caribe los ex-Farc están recurriendo a un proceso de 'reclandestinización' para salvar sus vidas pero dejando un saldo negativo para la implementación de los acuerdos de La Habana.
'En la Costa hay varias situaciones complejas. En el sur de Córdoba nos asesinaron a un compañero el año pasado y el problema es que allá existen solo dos espacios territoriales, en el Cesar y en La Guajira, pero hay mucha gente regada en el territorio, en los Montes de María, en el Magdalena, Córdoba, Sucre, Bolívar y Atlántico, y ellos están en un proceso de reclandestinización: llegan a tener un perfil del que nadie se dé cuenta, no dicen dónde están como una medida de protección y lo que corresponde a la reincorporación es tortuosa y negativa porque no hay tierra ni proyectos'.
Sobre la responsabilidad que según los parlamentarios en virtud de la firma de la paz tendría el Gobierno, Lozada señala que el Ejecutivo 'tiene la responsabilidad legal y constitucional de garantizar la vida no solo de quienes firmamos la paz sino también de más de 800 líderes sociales que vienen siendo asesinados'.
La salida que plantean por ello los desmovilizados es 'comprometerse' a implementar el acuerdo de Cuba.
'No es solo la fuerza pública. Hay un vacío del Estado en los territorios. Los acuerdos contienen iniciativas dirigidas a garantizar la vida y exigimos que el Gobierno se comprometa a implementar ese punto y a desmontar el fenómeno del paramilitarismo', concluyó Lozada.
