Después de la presentación del informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos y líderes sociales en el país, la canciller Claudia Blum señaló que 'Colombia ha invitado a relatores del Consejo de Derechos Humanos para que nos visiten, con la expectativa de que contribuyan al avance nacional en derechos humanos' y que Forst 'reconoce la voluntad política y las iniciativas del Gobierno para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos'.
Sin embargo, la Canciller manifiesta que transmitieron en Ginebra, algunas objeciones sobre señalamientos que hace Forst en su informe en diferentes temas como la supuesta criminalización de los defensores, lo cual consideran una 'acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales'
Además objetan ante 'las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales, afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas'.
Otro de los temas de los cuales manifestaron su malestar fue la 'supuesta falta de determinación política y de asignación de fondos para implementar el Acuerdo de 2016', pues alega que desconoce los logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de Paz con Legalidad y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
Blum agrega que Colombia reconoce el papel de la ONU en la promoción de los derechos humanos, pero argumenta que 'es importante enfatizar en la necesidad de que los relatores cumplan su importante función en línea con el Código de Conducta adoptado por el Consejo de Derechos Humanos, que les exige al menos establecer hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna, de fuentes contrastadas debidamente; y segundo, como tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información proporcionada por el Estado'.
