El Inpec y el Ministerio de Justicia decretaron el domingo la emergencia carcelaria en el país 'por temas de salud y orden público', luego de que en medio de amotinamientos el pasado sábado en 13 cárceles del país se registraran 23 reclusos muertos y 83 heridos en la Cárcel la Modelo de Bogotá.
'El Director General del INPEC @MujicaNorberto y @MinjusticiaCo Margarita Cabello toman la decisión de decretar la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público. El objetivo es seguir trabajando por las personas privadas de la libertad, los funcionarios y sus familias', informó la entidad carcelaria a través de Twitter.
Posteriormente, el Ministerio de Justicia anunció que la idea es 'deshacinar los establecimientos de reclusión del orden nacional, y poder mitigar la posibilidad de contagio con COVID-19 de las personas privadas de la libertad'.
Añadió en este sentido la cartera del derecho que 'entre las principales medidas que traería la norma tenemos la posibilidad de detención domiciliaria para mayores de 60 años (que no estén condenados por delitos graves), personas enfermas, madres gestantes, o que ya tengan permiso de salida por 72 horas, entre otros que estamos analizando'.
Fuentes del Ministerio le dijeron a EL HERALDO que el Gobierno está haciendo los cálculos dadas las excepciones y que la ministra ha dicho que podrían ser entre 4 mil y 15 mil los cobijados con casa por cárcel. De acuerdo con las cifras, 6 mil reclusos son mayores de 60 años.
Esto sería menos del 10% de la población tras las rejas, pues hasta el 31 de enero pasado había poco más de 124 mil personas privadas de la libertad en las cárceles del país, penales que solo pueden albergar en condiciones más o menos dignas a unas 80 mil personas.
En el Caribe, con corte a julio de 2019, había 13.885 presos, pero en las cárceles de la región solo caben 7.763. Es decir, había 6.122 presos ‘de más’, lo que se traduce en un hacinamiento del 78,9%, muy por encima del hacinamiento que se registra a nivel nacional, que de todas maneras es ya alarmante: 53,4%.
En el Atlántico hay hasta 160,9% de hacinamiento, en Bolívar 111,1%, en Cesar 274,6%, en Córdoba 93,6%, en La Guajira 353%, en Magdalena 341%, en San Andrés 75% y en Sucre 64,1%.
Frente al anuncio hubo reacciones a favor y en contra. Por ejemplo, el columnista Andrés Fernando Portillo puso de presente en Twitter: 'Otra fuga de presos en la URI de Kennedy en Bogotá. Esto no es coincidencia, hay orquestado todo un plan para presionar al gobierno a dejar libres a presos, aprovechando la emergencia sanitaria'.
Y la abogada Nathalia Puentes advirtió: 'Ojo que la declaración de emergencia sanitaria en las cárceles no faculta al Ejecutivo para dar libertad, esta potestad siguen teniéndola los señores jueces penales'.
