Los casos de reclusos y trabajadores del sector carcelario contagiados con COVID-19 en el país van en aumento.
Este miércoles se elevó a 73 el número de personas que han dado positivo para esta enfermedad, cuando las autoridades del Meta confirmaron 40 casos en el interior de la cárcel de Villavicencio.
Según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en la cárcel de Guaduas (Cundinamarca) hay un caso positivo para coronavirus, en La Picota (Bogotá) se registran dos casos, en el centro penitenciario Las Heliconias (Florencia) va un caso y en la de Villavicencio se reportan 69 casos.
Así las cosas, contagios en población privada de la libertad vivos se contabilizan 53, en funcionarios del sistema carcelario van 17, además de 2 privados de la libertad fallecidos y una tercera persona que murió tras haber quedado en libertad.
Ante el panorama, la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial) hizo un llamado urgente al Gobierno nacional y al Ministerio de Justicia en el incremento de los jueces para poder hacer efectivo el cumplimiento del Decreto 546 con el que buscan mitigar el riesgo de contagio dentro de los centros penitenciarios del país, en medio de la pandemia por la COVID-19.
Fredy Machado, presidente de Asonal Judicial y representante de los trabajadores en la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, señaló que antes de la pandemia el sistema judicial ha estado congestionado.
'Nosotros, antes de que todo esto pasara, habíamos solicitado la ampliación de la planta de personal. Cuando salió el decreto creímos que venía con estas recomendaciones. Estamos congestionados y nos vemos complicados para atender 5.000 casos', explicó Machado.
Promover personal
El presidente de la asociación señaló que la carga laboral aumenta en la medida en que más privados de libertad creen que pueden ser beneficiados, es decir, porque los jueces se deben sentar a revisar caso por caso.
'Había conciencia entre las autoridades sobre la realidad de que estábamos congestionados y el nombramiento de los nuevos debía darse, no por intereses, sino por parte de personas que conocieran los casos, es decir promover a las personas que día a día están inmersas en los procesos. Otro factor era el de garantizar los equipos de bioseguridad porque esos trámites se hacen de manera presencial', detalló Machado.
El déficit de jueces, según el representante de Asonal Judicial, se registra en todas las ciudades capitales del país. 'En las grandes ciudades deberían habilitarse dos o tres jueces sumados a los ayudantes de los togados. Esas alternativas las hemos ofrecido para que fluya con mayor celeridad la situación', dijo.
Machado señala que el cuello de botella también está en manos del Inpec, ya que ellos deben llevar las listas de los posibles excarcelables
La ministra
El pasado martes, la ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, rindió informe acerca de la actual situación del Sistema Penitenciario en Colombia.
La alta funcionaria, a través de una sesión virtual, presentó a la Comisión Segunda del Senado un panorama de lo que está sucediendo en el contexto penitenciario y carcelario, así como algunas particularidades del Decreto 546 de 2020 (de sustitución de penas por detención o prisión domiciliarias transitorias). En torno al hacinamiento, aseguró Cabello que con el Decreto 'no se va a eliminar este fenómeno', y que lo que se pretende es disminuir el riesgo de contagio en medio de la emergencia.
'En cuanto al marco del decreto tenemos algunos inconvenientes. Por ejemplo, lo que sucede con las personas mayores de 60 años, para quienes se reclama libertad. Lo que pasa es que son en su mayoría ciudadanos que están pagando penas por delitos sexuales o feminicidios, y su salida generaría más problemas para la sociedad', señalo la ministra.
El lunes pasado el director del Inpec, general Norberto Mujica, informó que esta semana saldrán los primeros mil internos, de los 4 mil previstos, por el Decreto 546. Los listados de los internos que serían beneficiarios de la medida partieron desde el pasado lunes hacia los jueces de la República, indicó el alto oficial.
'Se está dando prioridad a los adultos mayores, a las madres gestantes y lactantes, a los casos de delitos culposos y de enfermedades catastróficas', afirmó Mujica. Dijo, así mismo, que los envíos de listados se darán en tres fases y dependiendo de cómo vayan siendo ordenadas las medidas por parte de los togados.
