El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH,el pasado 14 de abril, con el fin de garantizar la vida y dignidad de las personas privadas de la libertad en todos los establecimientos carcelarios del país.
En la cadena de reclamos por la situación en la que se encuentran actualmente las prisiones en Colombia, el 20 de abril de 2020 se sumaron profesores de diferentes universidades del país y de otras latitudes del mundo, generando un documento que titularon ‘Rumbo a un genocidio carcelario’.
De acuerdo con el presidente de la colectividad, el jurista Francisco Bernate, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia acudió a instancias internacionales ante la 'evidente inacción y carencia de sensibilidad en las instancias nacionales', a fin de dar alguna solución a los problemas que atraviesa la población penitenciaria del país.
Es por ello, aseguró el abogado penalista, que se vieron en la obligación de acudir al mecanismo internacional y que suple a la jurisdicción nacional en aquellos eventos, 'donde en el ámbito interno no haya sido posible corregir una situación que esté afectando los Derechos Humanos'.
A su vez, Oscar Sierra Fajardo, secretario general de la asociación jurídica, señaló que, al considerar que se debe ser más proactivo en la defensa de los privados de la libertad, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, como pioneros en la lucha por las garantías y los derechos de los privados de la libertad en esta época de pandemia, instauró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitud de medidas cautelares con el ánimo de proteger la vida y la salud de los privados de la libertad en Colombia.
Ante la pregunta que se formuló el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia en el sentido de cuál es el efecto práctico que se pueda presentar con esas medidas, el jurista indicó que se espera que una vez que se estudie la solicitud por la Comisión, se establezcan directrices de obligatorio cumplimiento por parte del Estado Colombiano, en pro de la vida de los privados de la libertad.
'Colombia es un país respetuoso de las decisiones de la CIDH en materia de Derechos Humanos, por lo que una orden de este cuerpo internacional puede ser la medida más expedita en la protección de los reclusos', expresó el penalista Oscar Sierra Fajardo.
El experto manifestó asimismo que el Sistema Interamericano de Derechos humanos será, por tanto, el instrumento que permita materializar de forma real el derecho de los privados de la libertad, reconociéndoles su condición de personas y no sometiéndolos a condiciones de indignidad.
'Es cierto que si bien las medidas entran en un periodo de estudio, la CIDH suele actuar con rapidez y contundencia, y todos los abogados y demás organizaciones respetuosas de los Derechos Humanos estaremos impulsando que dichas medidas se decreten en favor de los privados de la libertad y que así mismo se cumplan por el Estado Colombiano, pues de no cumplirlas puede arriesgarse a una sanción de carácter internacional', concluyó el abogado penalista.
Finalmente el abogado Iván Cancino, miembro también del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, manifestó que se tomó la decisión de acudir a instancias internacionales, 'no por desconfianza del Gobierno', ya que están seguros que la ministra de Justicia y el Derecho 'estará trabajando en un segundo decreto'.
Sin embargo, el jurista expresó que la actual situación de los establecimientos carcelarios del país no da espera a decisiones 'y los organismos internacionales sí tienen el poder para conminar y dejar las constancias al Estado colombiano sobre el peligro real que están corriendo las personas privadas de la libertad y los guardianes del Inpec'.
Afirmó el abogado Iván Cancino que a la petición del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia se han sumado las fundaciones de Johana Bahamón y PUNIENDI, e informó que les han escrito de toda América Latina muchos colegas que están totalmente de acuerdo con la posición de la colectividad.
'Aquí lo que se busca no es perseguir al Gobierno, sino por el contrario, proteger los derechos a la salud, a la dignidad, a la integridad personal y vida de las personas privadas de la libertad y del personal del Inpec', señaló el abogado penalista.
Hay que recordar que tras la expedición del decreto 546 del 16 de abril de 2020 por parte del Gobierno nacional durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, el cual enviaría inicialmente a detención domiciliaria a por lo menos mil presos, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia calificó en su momento la medida de 'inocua, inútil y tarde'.
Actualmente en la Cárcel de Villavicencio se han confirmado a la fecha 89 casos de personas contagiadas con coronavirus, entre reclusos y personal de vigilancia, además de tres fallecimientos en ese establecimiento de reclusión, mientras que en la cárcel La Picota de Bogotá han sido confirmados otros cinco casos de coronavirus.
