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La emergencia sanitaria a causa de la COVID-19 ya tiene en alerta al sistema carcelario del país. Este jueves las autoridades confirmaron 13 nuevos casos de coronavirus en la cárcel de Villavicencio, por lo que la cifra total de contagiados en ese penal se eleva a 82, y a 86 en todo el país, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Reportan 13 nuevos casos de coronavirus en Cárcel de Villavicencio

La situación enciende las alarmas sobre la situación carcelaria en Colombia, teniendo en cuenta que los centros penitenciarios del territorio nacional tienen capacidad para albergar a 80 mil personas privadas de libertad y en la actualidad tiene 120 mil, es decir que existe un hacinamiento visible que impide el cumplimiento de las normas básicas para evitar la propagación del virus en las cárceles.

Ante esto el Ministerio de Justicia y el Inpec expidieron, el 14 de abril, el Decreto 546 para atacar el problema más inmediato que es el relacionado con la sobrepoblación para minimizar el riesgo de contagio; sin embargo, a 11 días de la promulgación del decreto no se han producido las primeras excarcelaciones.

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La ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello Blanco, en conversación con EL HERALDO ofreció un panorama acerca de la actual situación del sistema penitenciario en Colombia y señaló que se han dado algunos avances para cumplir los lineamientos estipulados en el decreto.

La jefa de la cartera de Justicia detalló que el pasado lunes se remitió al Consejo Superior de la Judicatura el primer listado con 600 personas que podrían obtener el beneficio de la detención o prisión domiciliaria transitoria 'por lo que le corresponderá a los jueces competentes analizar los casos y tomar las decisiones'.

'Nosotros trabajamos con armonía el decreto con la Judicatura, quien ha establecido una coordinación con los jueces de ejecución de penas, de conocimiento y control de garantías que serían los encargados de resolver la medida. Así las cosas los listados se les enviará por partes para que ellos puedan trabajar', explicó la ministra, quien señaló que las listas serán enviadas a los jueces por centro penitenciario y ciudad a fin de que sea 'lo más fácil y ágil posible'.

Estas primeras 600 personas de todo el país que gozarán de la domiciliaria por seis meses, de forma transitoria – detalló la jefa de la cartera de justicia– se escogieron teniendo en cuenta el orden del decreto; es decir, que en esta primera fase están las personas mayores de 60 años, madres gestantes o con hijos menores de 3 años y personas con enfermedades graves, con discapacidad.

graves, con discapacidad. 'Esas listas se enviaron vía electrónica a los juzgados, la judicatura me dijo que tiene un grupo de jueces trabajando en los expedientes, haciendo la revisión y comparando con las listas que le dio el Inpec, para que dentro de 5 días hábiles se tomen las primeras decisiones, que pueden salir en conjunto. Es decir, un juez puede en un solo auto sacar 6 o 7 casos', detalló Cabello.

Frente a la demora en el proceso, la ministra indicó que se ha trabajado 'de la mejor manera' a fin de que de se pueda agilizar la operatividad.

'La preocupación mayor que tuvimos fue la operatividad. Tenemos que ser claros en que no hay muchos jueces y nombrarlos se demora mucho, y teníamos que empezar con un grupo reducido para ir aplicando la medida, que ya lo estamos haciendo', dijo Cabello, quien no descartó emitir un segundo decreto de llegarse a extender la cuarentena más allá del 11 de mayo próximo.

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Algunos reparos

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, señaló que desde que se habló del decreto surgieron varias especulaciones, pues se dijo que inicialmente se iban a beneficiar supuestamente 10.000 personas, pero finalmente se redujo a 4.000.

'Cuando llegó la hora de la aplicación del decreto se evidenció que no se había creado un solo juzgado y los juzgados actuales pues no están laborando y tienen una carga que no son suficientes, pues efectivamente lo que vemos es que ya hay más de 80 contagiados en la cárcel de Villavicencio. La situación ya llegó a La Picota de Bogotá, a la cárcel de Guaduas y la situación cada vez empeora más, así que el decreto se puede aplicar por esa sencilla razón', dijo Bernate.

Guillermo Rodríguez, abogado penalista, a su criterio enumeró tres posibilidades por la que no se están dando las excarcelaciones.

'En primer lugar que los requisitos para los beneficiados son muy específicos y eso llevaría a un análisis riguroso. En segundo lugar es que el decreto busca adoptar, en principio, unas medidas sanitarias, y tercero que la Judicatura dejara algunos turnos a jueces de ejecución de penas donde existan jueces mixtos para que sean los idóneos en dar las excarcelaciones', dijo Rodríguez.

Los anteriores parámetros, señala Rodríguez, dan cuenta de que en realidad 'no habrá una excarcelación masiva', como se ha intentado mostrar.

Temor de las víctimas

Leonardo Rodríguez, psicólogo clínico y forense, doctor en criminología y profesor de la Universidad Javeriana, explicó algunos temores que tienen las victimas ante el anuncio de las excarcelaciones. 'En el país los procesos de resocialización y rehabilitación del país no son eficientes.

Cuando una persona sale de algún centro penitenciario sale de una universidad del delito, eso eleva sus razones para la reincidencia, al haber muchos factores de vulnerabilidad. Al salir se encuentran con las mismas necesidades básicas que los llevó a delinquir', señaló el especialista. Eso de alguna forma va a disparar nuevos delitos, explicó Rodríguez.

'Se tiene que revisar con sumo cuidado el tema de quiénes van a salir, y ese temor crece al no haber suficientes jueces que puedan hacer ese análisis'. dijo.