En medio de una rueda de prensa virtual realizada este jueves, las centrales obreras del país anunciaron que para este viernes 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, 'exigiremos al Gobierno Nacional que la crisis no la paguen los trabajadores'.
Así mismo, adelantaron que los sindicatos y manifestantes izarán las banderas con trapos rojos —símbolo de las casas que piden ayuda humanitaria, sobre todo alimentaria, en la cuarentena—a las 12 del día y convocarán a un cacerolazo nacional desde las viviendas.
'Ante la pandemia del coronavirus son cientos los sectores de la producción afectados y aunque la decisión de prorrogar la cuarentena obligatoria hasta el próximo 11 de mayo es saludable para el país, no lo es así la apertura de actividades de los sectores de la construcción y las manufacturas, que están determinadas por el afán de activar esos renglones económicos, colocando en primer lugar el interés del lucro y la ganancia, pero sometiendo al enorme riesgo del contagio a más de 4'200.000 personas y la propagación del virus de manera incontrolable', señalaron las centrales en un comunicado.
Aseguran los sindicatos que los decretos emitidos en el marco de la emergencia económica, social y sanitaria por el Gobierno, van encaminados a 'resolver en primera instancia las necesidades del sector financiero y los bancos, los grandes monopolios nacionales y extranjeros, los fondos privados de pensiones, las nefastas intermediarias EPS'.
Mientras que, aseguran, siguen los tributos y cargas a los trabajadores y empleados, pocos estímulos y ayudas a las Mipymes, a los sectores informales e independientes, 'y millones de personas confinadas desesperadas entre el virus y el hambre, por la ausencia efectiva de las ayudas monetarias o en mercados que aún no han llegado en la mayoría de las ciudades y pueblos del país'.
Reportan además que hasta el 17 de abril el Ministerio del Trabajo había recibido 2.413 solicitudes de actuación, 1.110 de los empleadores (46%) y 1.125 de trabajadores u organizaciones sindicales (47%) y 168 (7%) de otras solicitudes.
'Menos del 5% están siendo investigadas y tan solo el 1% han tenido un avance hacia la sanción de la conducta empresarial', se lee.
De las 1110 solicitudes de los empleadores: 560 son para pedir que se les autorice la suspensión de actividades hasta por 120 días; 541 para constatación de fuerza mayor por la cual se suspendió el contrato de trabajo y nueve solicitudes de autorización para realizar despidos masivos.
En el tema del empleo, a 20 de abril se han solicitado más de 390.000 solicitudes de auxilio de 'protección al cesante, es decir, personas que quedaron sin trabajo entre finales de febrero hasta abril, cerca de 15.000 personas han tenido que sacar sus cesantías en este mes y más de 25.000 aprendices del Sena en riesgo de que les suspendan su contrato de aprendizaje'.
Y concluyen señalando que el Gobierno 'debe resolver la situación de la salud, la comida, los ingresos de los trabajadores y la población, así como los subsidios a las empresas para el pago de las nóminas por lo menos de tres meses'.
Por último, piden la disposición 'de la renta básica universal que garantice la subsistencia digna de la población con o sin emergencia'.
