Tras la polémica que se ha generado por el manejo de la Línea Especial de Crédito (LEC) Colombia Agro Produce, grandes empresas devolvieron los recursos que les habían sido aprobados y desembolsados por Finagro.
EL HERALDO conoció que fueron cerca de 10 las empresas que regresaron estos montos. En total, según la Contraloría, la suma de estos recursos es cercana a los $33 mil millones. La polémica comenzó luego de que la Contraloría alertara de la 'rápida concentración' detectada en la Línea Especial de Crédito (LEC) Colombia Agro Produce, la cual la lanzó el Gobierno nacional en respuesta a la emergencia social, económica y ecológica decretada por el presidente Iván Duque debido a la COVID-19.
Así mismo, a través de la circular P-18 de 2020 emitida por Finagro se cerró el acceso de los grandes productores a todos los segmentos de la LEC.
Génesis de la polémica
La Contraloría, en su momento, encontró concentración de créditos por parte de agroindustriales que superan los activos de 5.000 salarios mínimos.
Tal como le dijo una fuente del ente de control a EL HERALDO, tras detectar esta irregularidad pidieron al Fondo para el Financimiento del Sector Agropecuario (Finagro) los requerimientos que tenían para el acceso a esta línea de crédito.
'En especial les pedimos que dijeran de qué forma esta línea iba a contener los efectos de la emergencia. Puntualmente preguntamos por indicadores o formas de focalización y si los destinatarios de los créditos tenían que estar afectados por la situación de emergencia', indicó esta fuente. Según la Contraloría, Finagro contestó que se daba por entendido que todos los solicitantes eran afectados, ya que es una emergencia que les afecta a todos.
No obstante, el ente de control llamó la atención sobre este aspecto puesto que puso de presente que si se expidió un decreto para hacer una excepción por el Estado de emergencia, se entiende que 'dentro de la excepción no entran todos y tiene que haber un criterio' para definirla.
Sobre esto, Finagro le dijo a EL HERALDO que se asumía que los créditos otorgados eran utilizados según el marco regulatorio y que eran los bancos de primer piso los que ejercían esos controles de inversión, entre otros, de acuerdo con el sistema de control y riesgo de cada uno de ellos.
Ante el llamado de atención de la Contraloría, EL HERALDO conoció que una de las propuestas que Finagro planea llevar a la Comisión Nacional de Crédito es que se pueda verificar a través de los bancos de primer piso si quienes están solicitando estos créditos sí han sido afectados por la emergencia.
Así las cosas, la Contraloría recomendó a Finagro que revisara la existencia de controles previos a la asignación de los créditos, criterios de focalización y que se especificara a qué le están apuntando, para tener así la oportunidad de conocer si la gestión fue o no eficiente.
Rifirrafe por la norma
En principio, la Contraloría señaló la concentración de recursos en grandes productores y analizó la entrega de estos por ciudades, encontrando que la mayoría habían sido para Bogotá. Así mismo, el ente de control rechazó la baja aprobación de créditos a la producción agropecuaria.
Ante ello, Finagro explicó que la línea de Colombia Agro Produce se diseñó de una manera específica: 40% para las pequeñas, otro 40% para las medianas y 20% para las grandes empresas.
De la suma total de 1.5 billones de pesos con tasas subsidiadas, 1.2 billones de pesos son para las pequeñas y medianas empresas.
Resaltó Finagro que a pesar de que los montos entregados a las grandes suman más dinero, se han realizado más operaciones para las pequeñas empresas. Solo que estas solicitan un crédito menor.
Así las cosas, Finagro especificó que del 1 hasta el 29 de abril se han entregado (por la línea Colombia Agro Produce) 261.372 millones de pesos en total. Destinando $23.603 millones para las pequeñas empresas (tras la realización de 2.689 operaciones); $105.123 millones para las medianas (tras 804 operaciones) y $132.646 millones para las grandes (tras 65 operaciones).
No obstante, la Contraloría reparó en esto. Reiteró que según los hallazgos detectados, a las grandes empresas entregaron $213 mil millones. Cabe resaltar que esta cifra fue entregada por la Contraloría como alerta, antes de que las empresas decidieran devolver los créditos aprobados.
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De otro lado, la entidad salió en su defensa recordando que quien decide cómo se van a destinar los recursos no es el Ministerio de Agricultura ni Finagro.
'Quien toma la decisión de cómo se van a destinar esos dineros es la Comisión Nacional de Créditos Agropecuarios, compuesta por el Ministerio de Agricultura, Planeación Nacional, el Banco de la República, ADR y dos representantes nombrados por el presidente de la República. Es un ente superior, de gran alto nivel y lo que hace Finagro es ejecutar esos recursos', indicó la entidad. No obstante, tras la circular emitida por Finagro, los grandes productores no podrán acceder a esta línea de crédito.
Pese al enfrentamiento, Finagro ha atendido a algunas de las alertas hechas por la Contraloría, tal como lo refirió el ente de control: 'Finagro atendió recomendaciones de la Contraloría General sobre la implantación de mayores controles y verificará las operaciones realizadas por grandes productores para garantizar que se trate de inversiones nuevas y en caso de no ser así se requerirían las devoluciones'.
De hecho, este medio conoció que una de las propuestas que Finagro llevaría al Comité Nacional de Crédito es que los recursos de los que desistieron las grandes empresas entren a la bolsa de crédito destinada a las pequeñas y medianas compañías.
Denuncias e investigaciones
Pese a que la Contraloría hizo un llamado de atención, en función de su carácter preventivo, el ente de control abrió una investigación tras unas denuncias por la utilización que le dieron a los créditos.
Las denuncias que llegaron a la Contraloría señalan que estos créditos de grandes empresas habrían sido utilizados para comprar productos agropecuarios extranjeros y para pagar deudas viejas, no para la producción alimentaria.
Así mismo, la Procuraduría y la Fiscalía abrieron una investigación al ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, por su presunta responsabilidad en el manejo de los recursos públicos que estaban pensados para los pequeños y medianos agricultores.
Lo anterior debido a que, según refirió la Contraloría, se debió estipular unos criterios de focalización que permitieran la facilidad del acceso a esta línea de crédito para las pequeñas y medianas empresas del sector agropecuario.
'No era una condición imprevista. Esa condición que tienen los pequeños productores que no tienen la misma liquidez ni garantías de empresas con excelentes recursos no es una novedad. Eso ya era así, incluso antes de la pandemia. La censura que hacemos es que debieron emitir mensajes a la banca de primer piso para superar esas asimetrías, para no permitir que se rigieran por las líneas normales del mercado y que gane siempre el más poderoso', expresó una fuente de la Contraloría.
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Por lo anterior, los entes de control investigan al ministro de Agricultura, ya que 'termina siendo responsable por ser la cabeza del sector y el que debe garantizar una relación armónica entre Finagro y los bancos'.
Piden renuncia del presidente de Finagro
La polémica se agita luego que desde el Congreso senadores del Partido de la U pidieran la renuncia del presidente de Finagro, Dairo Estrada.
Durante una sesión virtual en la Comisión Quinta del Senado a la que asistió el ministro de Agricultura y el presidente del Banco Agrario, los congresistas elevaron la petición de renuncia por los reparos hechos por los entes de control en la distribución que se le ha dado a las líneas de créditos especiales.
Por su parte, la senadora Maritza Martínez cuestionó: '¿Cómo es posible que haya salido primero la plata sin siquiera fijar o establecer los criterios de la asignación. Esto debería generar responsabilidad. Yo sí creo que el presidente de Finagro debería irse, debería tener la dignidad de presentar su renuncia o que el presidente se la exija'.
A su vez, el senador José David Name señaló: 'Llamo a los órganos de control y a la Fiscalía, porque realmente a las personas que tienen que investigar no es al señor ministro, que no va a esas juntas directivas, sino a la doctora Marcela Urueña y al doctor Estrada. Sea serio y renuncie'.
