La Procuraduría informó este viernes que conceptuó ante la Corte Constitucional que el decreto legislativo por medio del cual el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica —el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020—, 'se ajusta a la Constitución'.
El Ministerio Público indicó que el texto cumple 'con los requisitos de carácter material, pues la declaratoria tiene como sustento hechos de conocimiento público de que objetivamente ocurrieron y fueron suficientemente divulgados y advertidos'.
Se trata de situaciones sobrevinientes tal como lo exige la legislación en estos casos, pues el aumento vertiginoso del contagio del coronavirus configura una situación extraordinaria e imprevisible, se lee en el comunicado.
El contagio y su potencial expansión, agrega el ente de control, es un hecho que amenaza gravemente la salud y el orden social, con incidencia en las condiciones de prestación del servicio hospitalario y, en particular, en la infraestructura para prestarlo.
'El Gobierno acreditó la insuficiencia de los medios ordinarios existentes para enfrentar la crisis generada por la pandemia, y el decreto legislativo expedido contiene el plan de acción para evitar sus efectos. (...) La declaratoria de la emergencia no suspende los derechos humanos o las libertades fundamentales, así como tampoco contiene medidas que supriman o modifiquen las competencias de los órganos que componen el poder público, y en particular la Rama Judicial', concluye la Procuraduría.
