El fiscal Francisco Barbosa informó este jueves que, por presunta corrupción en los contratos de la emergencia, imputará y pedirá medida de aseguramiento contra 10 alcaldes del país, entre ellos los de Malambo, Atlántico, Rummenige Monsalve Álvarez; Cereté, Córdoba, Luis Antonio Rhenals y Coveñas, Sucre, Rafael Antonio Ospina Toscana.
A su vez, la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citó a interrogatorio en calidad de indiciado al gobernador de San Andrés Islas, Everth Hawkins.
También serán imputados y se pedirá medida de aseguramiento para la representante legal de la Fundación Lirio de los Valles, Funlidelosva, de Malambo, Marla María Macías Beleño y la supervisora del contrato de Malambo, Doris Monsalve Parra. Así mismo, contra la contratista en Cereté, Luz Fanny Suárez Montoya.
Entre tanto, el alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez Martínez, será llamado a interrogatorio. Al tiempo que serán interrogados la jefa de la Oficina Asesora Jurídica de Sincelejo, Kattiuska Margarita Fernández Castillo; el supervisor del contrato en Sincelejo, Leonardo Beltrán Pinto; el director técnico de Gestión Contractual de Sincelejo, Andrés Gutiérrez Ahumada; el jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía de Sincelejo, Gustavo Pérez Mier y el supervisor del contrato en Sincelejo, Diomedes de Jesús Guevara Pereira.
Y hay indagaciones contra 14 gobernadores, entre ellos los de Magdalena (tres casos), Cesar (tres casos), San Andrés (dos casos), Bolívar y Sucre.
El caso de Sincelejo, recordó el ente de investigación penal, es 'por presuntas irregularidades en dos contratos de suministro de alimentos y uno de publicidad. El valor de los contratos superaría los 3 mil millones de pesos'.
El de Malambo se refiere a que 'el alcalde de Malambo (Atlántico) suscribió el 26 de marzo de 2020 un contrato por 4 mil millones de pesos con la Fundación Lirio de los Valles (Funlidelosva), para suministrar 80 mil kits de mercados en 30 días para la población vulnerable, invocando la modalidad de contratación directa en el marco de la urgencia manifiesta por la COVID-19. El 13 de abril fue suscrito un otro sí que, sin aumentar el valor del contrato, modificó la cantidad de entregas a dos por familia. Una profesional del Área de Proyectos Sociales del municipio fue la encargada de tramitar y supervisar tal contrato. Por estos hechos, tres personas serán imputadas, entre ellas el alcalde, por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y se solicitará la imposición de medidas de aseguramiento no privativas de la libertad'.
Sobre lo sucedido en Cereté indica la información que 'el alcalde y un particular habrían simulado un proceso de selección de oferta y estudio de mercados, y, supuestamente, falsificaron cotizaciones para garantizar que una contratista se quedara con el suministro de kits de mercados para las poblaciones vulnerables del municipio. Dos personas serán imputadas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado.
Y en Coveñas se adelanta investigación por 'presuntos sobrecostos y otras irregularidades en un contrato suscrito entre la administración de Coveñas y la fundación Funcaservicios, cuyo valor asciende a $1.206 millones, y tenía por objeto la entrega de 6.550 kits de aseo y 6.550 kits de alimentos. Por estos hechos será imputado el alcalde municipal, Rafael Antonio Ospina Toscano, por contrato sin cumplimiento de requisitos legales'.
