El debate de control político de este miércoles en la plenaria del Senado sobre las nuevas 'chuzadas' desde dependencias militares encendió de nuevo la confrontación entre los senadores Álvaro Uribe, del Centro Democrático e Iván Cepeda, del Polo Democrático.
Cepeda, que es uno de los citantes, advirtió en un aparte que 'el general en retiro Jorge Andrés Zuluaga, excomandante de la Central Técnica de Inteligencia entre 2012 y 2014, y quien fue llamado a calificar servicios por la 'Operación Andrómeda', en la que se puso en evidencia que había una intención de obstruir las conversaciones de paz en La Habana, es hoy ni más ni menos que concejal en el municipio de Tenjo (Cundinamarca) por el Centro Democrático'.
Y más adelante sentenció que 'el Partido Centro Democrático le debe explicaciones al país por estos hechos'.
De inmediato, el expresidente Uribe pidió un derecho de réplica: 'Este partido ha luchado de frente, y si alguno ha incurrido en delitos que lo examinen las autoridades. (...) Pero es el senador Iván Cepeda el que tiene una gran deuda con el país'.
Al respecto, aseveró: 'Por ejemplo en los computadores de Raúl Reyes hay varios correos que vinculan en la 'farcpolítica' al senador Cepeda. Por ejemplo, uno del 18 de febrero de 2018, remitido al Secretariado de las Farc por la colaboradora del comité internacional de las Farc, la señora Ingrid Indira'.
Acto seguido, el parlamentario del Centro Democrático leyó el supuesto correo: 'Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo. Resulta imprescindible que todo sea unificado para dar un golpe de efecto mucho mayor'.
Más adelante, agregó Uribe: 'De otros correos podrá decirse que era una mención que hacían las Farc de Iván Cepeda, muchas hechas por su amigo Iván Márquez, hoy prófugo, narcoterrorista, pero que no tenían el consentimiento de Iván Cepeda'.
Y concluyó: 'Al país le deben la investigación de la 'farcpolítica' y hoy el senador Cepeda se escuda en los valores de la democracia y en la atractiva palabra de la paz cuando él no fue un luchador por la paz, sino un colaborador del terrorismo de las Farc'.
Cepeda, antes, había puesto de presente las denuncias por las interceptaciones y seguimientos ilegales desde oficinas castrenses: 'Hay dos hechos de extrema gravedad bajo el actual gobierno: la eliminación de la 'Operación Bastón' y la creación de un aparato conformado por batallones de ciberinteligencia y contrainteligencia encargado de seguir, vigilar, amenazar, desacreditar a más de 130 ciudadanos'.
Precisó sobre dicha 'Operación Bastón' que en 2017, como condición para ingresar a la OTAN, el Ejército debió realizar esta operación de depuración, 'que detectó la existencia de un inmenso entramado de corrupción. Según informan medios de comunicación, bajo el mando del general (r) Nicacio Martínez se creó un inmenso aparato de inteligencia ilegal, con el objeto de realizar una cacería para perseguir a quienes realizaron la 'Operación Bastón'. El Gobierno, al no poder ocultar la realidad, intentó minimizar la dimensión del problema: buscó desnaturalizar la operación y presentar las operaciones de inteligencia ilegal como simples acciones de 'perfilamiento', es decir, recolección de datos públicos de víctimas'.
Y planteó que se requiere insistir en reformas estructurales de la fuerza pública: 'Eliminar la doctrina del ‘enemigo interno’ con la cual han sido perseguidos, espiados y asesinados miles de opositores políticos, defensores de DD.HH., periodistas, magistrados y líderes sociales. Se requiere una profunda revisión de la política de ascensos, depuración de mandos, no más puerta giratoria; una ley de inteligencia y contrainteligencia que cree controles reales a la industria del espionaje político y criminal en Colombia
