Luego de que la Corte Constitucional le ordenara a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolver la impugnación de la sentencia condenatoria proferida el 16 de julio de 2014 en contra del exministro Andrés Felipe Arias por el escándalo del Agro Ingreso Seguro, el máximo tribunal de la justicia ordinaria reaccionó con reparos ante la posibilidad inédita de la segunda instancia para un agotado anterior a 2018 -cuando entró a regir la doble instancia por legislación-, lo que sugiere un episodio no muy común en el poder judicial: un choque de trenes entre dos altas cortes.
La Corte Suprema críticó en un comunicado: 'Ahora que la Corte Constitucional cambia intempestivamente esas reglas de juego para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura, la Corte Suprema de Justicia acata, pero no comparte, la decisión mayoritaria que ordena tramitar la impugnación de la condena de 17 años de prisión contra Arias Leiva'.
Advierte además el alto tribunal que conoce casos penales de aforados que la decisión 'deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria e inseguridad jurídica en la justicia penal'.
Aunque anuncia que acatará: 'Con la incondicional defensa de la institucionalidad del país que la caracteriza, la Corte Suprema de Justicia cumplirá la orden de tutela'.
No obstante, el presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas, desestimó el enfrentamiento entre ambos altos estrados: 'No es propósito de la Corte cruzarse con la Corte Suprema de Justicia en una contradicción con el manejo de esa institución'.
Y frente a la caja de Pandora que hubiese podido abrir la sentencia, en relación con una eventual andanada de solicitudes en este mismo sentido de otros aforados condenados, Rojas Ríos aseveró: 'Aquí no hay un cataclismo en la justicia, ni puede entenderse como un apocalipsis. Es el derecho que se le ha reconocido a un ciudadano. Estamos amparando simplemente el derecho de un ciudadano. Otros podrán reclamar ese derecho, y podrán presentar esas reclamaciones, pero con razones lo suficientemente convincentes. Mientras tanto, el amparo es para una persona'.
Pero para la Corte Suprema el tema es preocupante: 'En la Corte Constitucional queda la responsabilidad del impacto de las insospechadas consecuencias para el Estado de derecho de esta decisión particular', concluye en su boletín.
Este último reparo del alto tribunal de la justicia ordinaria, por la posibilidad de que la providencia de la Corte pudiese abrir la puerta para que los aforados condenados después de 2014 hagan la misma solicitud que Arias.
Lo anterior debido a que el alto tribunal constitucional indicó en el comunicado sobre su fallo: 'La decisión supuso la rigurosa identificación de los principios y derechos constitucionales en tensión, concluyendo que para el momento en el que fue proferida la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014 contra el ciudadano Andrés Felipe Arias, existía un estándar internacional que exigía que las sentencias en única instancia, incluso en el marco de procesos penales de juzgamiento especial como el de aforados constitucionales, tuvieran un mecanismo de impugnación amplio e integral'.
Y agrega la Corte Constitucional al respecto que 'este estándar, estimó la mayoría de la Sala, se configuró con la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 30 de enero de 2014, en el caso Liakat Ali Alibux vs. Suriname. En este caso, dicho tribunal, como intérprete autorizado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento que vincula al Estado colombiano, determinó que el derecho a impugnar la sentencia condenatoria, previsto en el artículo 8.2.h., también debía ser garantizado a quienes fueran juzgados, por razón de su fuero, por la máxima autoridad de Justicia en materia penal'.
¿Quiénes podrían verse beneficiados?
Según la Corporación Excelencia en la Justicia, cerca de 30 procesados podrían verse beneficiados con la decisión de la Corte Constitucional. Es el caso del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien fue capturado el 27 de junio de 2017 por hechos de corrupción en que se vincularon a magistrados de las altas cortes en el escándalo que se conoce como el ‘Cartel de la toga’. Moreno está extraditado en Estados Unidos.
También podría verse beneficiado el excongresista Bernardo Elías, quien está implicado en el caso Odebrecht por supuestos sobornos por el orden de $17.300 millones. En 2017, la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención por corrupción.
También condenados por el proceso conocido como la ‘Yidispolítica’. Hacen parte de este caso los exministros Sabas Pretel De la Vega y Diego Palacio. Ambos condenados en 2015 por corrupción.
