La superintendenta de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, informó este viernes que inició una serie de indagaciones preliminares por aparentes facturaciones irregulares durante la pandemia por parte de las empresas prestadoras de los servicios públicos.
'Iniciamos las indagaciones preliminares y requerimientos a las empresas sobre las cuales hemos recibido quejas de los usuarios durante este año; y en particular desde que inició la emergencia sanitaria, en relación con incremento de tarifas, medición por promedio y cortes o suspensiones no autorizados', afirmó la funcionaria.
Agregó Avendaño García que están 'monitoreando a las empresas para evitar abusos, pues es inaceptable que familias y empresarios se afecten con incrementos injustificados en sus facturas o reciban un mal servicio'.
Así mismo, reportó que la Super ha impuesto multas por valor de $ 45.157 millones en lo corrido del presente año contra 72 prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas por incumplimientos a la regulación vigente.
Las sanciones recaen sobre 27 prestadores de energía, 20 de gas, 11 de acueducto, alcantarillado y aseo, siete de acueducto y alcantarillado, seis de aseo y una de acueducto y aseo.
Se trata de resultados de procesos de investigación iniciados por la superintendencia entre el 2016 y el 2019.
'Las principales razones para imponer las multas se derivan de incumplimientos a indicadores de calidad de agua, normas técnicas, regulación en materia de subsidios, reglamento de instalaciones eléctricas, inversiones y metodologías tarifarias; también por fallas de continuidad en la prestación, medición del consumo, reporte de información, planes de contingencia, recolección y disposición final de residuos, entre otros', se lee en el comunicado.
Al respecto, la superintendenta señaló que 'luego de cumplir las etapas que nos define la ley, hemos impuesto estas sanciones durante los primeros cinco meses del año al confirmar el incumplimiento en temas de calidad, continuidad, aspectos técnicos y operativos por parte de estos prestadores'.
Finalmente, el ente de control recordó los pasos a seguir para quejarse sobre anomalías con los servicios públicos: Antes de acudir a la Superservicios, interponga un derecho de petición ante la empresa prestadora exponiendo la situación que considera lo afecta o que vulnera sus derechos como usuario. La empresa tiene 15 días hábiles para responderle.
Si no está de acuerdo con la respuesta, dentro de los cinco días siguientes a la notificación, interponga ante el prestador un recurso de reposición y en subsidio de apelación. Una vez resuelto ese recurso, la empresa debe enviar el expediente a la Superservicios para que esta entidad lo revise y resuelva su recurso de apelación.
Si la empresa no resuelve de forma concreta o no responde en el término de 15 días hábiles, el usuario puede radicar ante la Superservicios una solicitud de investigación por silencio administrativo positivo, adjuntando copia de la petición radicada ante la empresa.
Si la empresa niega o rechaza el recurso de apelación, el usuario puede interponer ante la Superservicios el recurso de queja dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la empresa en la que le rechaza o niega la apelación. Es necesario adjuntar este documento.
'Estos trámites se pueden realizar en nuestra plataforma TeResuelvo: https://teresuelvo.superservicios.gov.co/. La entidad ofrece orientación en las líneas de atención 01800 910 305 para todo el país y (1) 691 3006 en Bogotá', indica el boletín.
